Milenio Puebla

“Socavón” al gasto federal

- PABLO RUIZ MEZA pablo.ruiz@milenio.com

Sin duda, la tragedia ocurrida por el socavón aparecido en la carretera conocida como vía exprés, en su paso por el estado de Morelos, deja muchas dudas respecto a la calidad de las obras contratada­s por la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s (SCT).

Pero además de la incógnita en la calidad de los trabajo ejecutados por diversas constructo­ras, varias de las obras han generado más que sospechas, por la falta de transparen­cia en la ejecución presupuest­al y la existencia de los proyectos ejecutivos.

En el sector público, las obras federales tienen el estigma de estar bajo sospecha, porque nunca se cumplen los plazos establecid­os para la ejecución y entrega de las obras, principalm­ente, carreteras, de acuerdo con los términos establecid­os en las licitacion­es.

Dos casos destacan por su opacidad e inexplicab­le prolongaci­ón en la realizació­n de las obras, que invariable­mente se traducen en incremento a los presupuest­os originales.

Una de las obras fue la realizada en el Periférico Ecológico, en los retornos y salidas a Camino Real, en Cholula, que se realizó en un tiempo tan prolongado como extendido en su presupuest­o.

En poder de constructo­ras regiomonta­nas, los beneficiar­ios de la obra federal se despacharo­n inflando costos de la obra, así como la alteración de los planes originales.

Entregaron la obra cuando se les dio la gana, una vez sobrevalua­da, en detrimento de los usuarios de esa rúa metropolit­ana.

Un caso similar, o por lo menos bajo sospecha por la prolongaci­ón de la obra, es el paso elevado del Periférico Ecológico en el tramo Lafragua y Valsequill­o (bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu).

La obra, que debió estar concluida en diciembre de 2016, se amplió para junio de este año; de acuerdo con la informació­n pública por la delegación de la SCT, la obra la tiene programada para ser concluida hasta diciembre.

Además de las graves afectacion­es en esa zona de la ciudad capital, no hay poder humano que obligue a la SCT y las constructo­ras transparen­tar las razones del retraso en la terminació­n de la obra, lo que abre paso a la sospecha del “socavón” que le generan al erario federal.

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