“Tardarán resultados del Sistema Penal Acusatorio”
Para que los resultados del sistema penal acusatorio sean visibles, tendrán que pasar por un proceso de maduración. En otros países, ha tardado más de 20 años. Las reformas en las que se pretende que todos los delitos ameriten prisión preventiva, son un error, señaló el académico de la Escuela Libre de Derecho, Alfredo Arroyo Razo.
En entrevista, Arroyo Razo explicó que el nuevo sistema tiene bondades superiores al sistema tradicional, como la inmediatez en los plazos de las distintas fases del proceso, de los pronunciamientos de los jueces sobre planteamientos tanto de la defensa como de la Fiscalía, además de la transparencia que genera los registros audiovisuales de los procesos.
Señaló que se han creado mitos alrededor del Sistema Penal Acusatorio, entre ellos, que con su implementación, la impartición de justicia y la inseguridad se terminarían, sin embargo, consideró que es una idea falsa. “En el tema de un modelo institucional de justicia, los plazos son amplios; sería imposible que al día siguiente ya tendríamos efectos positivos. Tiene que pasar, por lo menos, un periodo estimado en países como Chile, donde aplican el sistema desde 1984 y pasaron 20 años para que los resultados se pudieran presumir (...) y nosotros queremos que en un día de funcionamiento, ya lo vamos a presumir y yo creo que es algo incorrecto”.
Afirmó que otra idea que se creó sobre el nuevo sistema penal, es que los delincuentes tardan más tiempo en ser detenidos que en lo que son liberados, pues las autoridades no informaron a la sociedad sobre las ventajas del sistema como la reparación del daño. “El tema de la puerta giratoria es una óptica. A mi juicio, válida, pero equivocada porque la gente ve que los detenidos entran (a la prisión) y pronto salen, pero no ve que cuando sale, es porque se busca una reparación del daño, o el delito no ameritaba prisión preventiva, pues podría lograr mejores beneficios estando fuera”.
Señaló que en el sistema anterior había acusados por un delito que enfrentaban procesos penales privados de la libertad sin pruebas, y pasaban años en prisión hasta ser absueltos, sin embargo, esto se evita con el nuevo sistema.
Indicó que las fallas que presenta el sistema radican en la mala implementación sobre el estado y no sobre el origen, por lo que hace falta inversión, capacitación, instalaciones y personal. Detalló que en todo el estado se opera con 13 jueces, cuando lo ideal sería que hubiera 25, además, las Policías Municipales no están capacitadas de forma adecuada, y se “dejó al arbitrio de la Policía Ministerial hacer una buena o mala investigación”.
Explicó que las quejas se centran en decisiones de los jueces, pero la presión ciudadana debe ser hacia las autoridades encargadas realizar la investigación.