Bacalar: disputa por la selva entre menonitas y Profepa
Cambiar el uso de suelo “es muy costoso y prácticamente imposible de pagar”, dicen agricultores
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) denunció administrativa y penalmente a tres comunidades menonitas del municipio de Bacalar, Quintana Roo, por deforestar sin autorización mil 445 hectáreas de selva que adquirieron a ejidatarios.
El área es forestal y los campesinos de ascendencia alemana debían pagar cuantiosas cantidades para cambiar el uso del suelo y así sembrar, cosa que no hicieron (alegan que es económicamente imposible). Tampoco les fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente.
Luego de un sobrevuelo por la zona, durante el cual fue posible apreciar el deterioro del área que es de vocación forestal, el subprocurador de Recursos Naturales, Ignacio Millán, cuenta que los menonitas de las comunidades El Paraíso, El Bajío y San Fernando tumbaron plantas de terrenos forestales de forma masiva y sin la autorización de cambio de suelo que debió emitir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que los campesinos pudieran dedicarse a sembrar.
Esto puede costarle muy caro a esa gente de origen chihuahuense: “La sanción económica a la comunidad menonita, por el daño ambiental a la selva de Bacalar, sería en promedio de 3 millones de pesos por cada procedimiento abierto, tendrían que restaurar las zonas afectadas y, si la autoridad judicial lo cree necesario, se impondrían entre tres y seis años de cárcel”, asegura.
Desde el aire, MILENIO constató cómo, al estilo de la agricultura itinerante —de roza, tumba y quema—, los menonitas dejaron en cenizas hectáreas de palma y caoba. A ras de tierra no se aprecia la afectación, ya que está escondida tras un gran muro de árboles a los costados de la carretera Reforma-Bacalar.
La preocupación de la autoridad ambiental es por el daño al ecosistema local. Los funcionarios aseguran que “afecta directamente la recarga de mantos acuíferos y repercutirá directamente en la Laguna de los Siete Colores de Bacalar, lo que propicia el desplazamiento de especies propias de la región”, según relata Millán.
En la comunidad de San Fernando los menonitas tumbaron 500 hectáreas donde vivirán alrededor de 50 familias que pronto llegarán de Chihuahua, Zacatecas y Celaya, zonas tradicionales de menonitas.
Enfundado en su típico overol azul y su tradicional camisa a cuadros, Cornelio Fehr, menonita pionero en la zona, relata cómo la necesidad y falta de espacios para la siembra en sus lugares de origen han orillado a los menonitas a buscar nuevas tierras. “Aquí la tierra es buena y mucha, por eso vinimos para darle un lugar a la familia, a los hijos y a los nietos”, cuenta en su magro español.
Las mujeres prácticamente no hablan. Con sus pañoletas en la cabeza, eso sí, acceden a posar para las cámaras.
Separada por al menos 300 metros, está la casa de David Bergen, menonita que lleva apenas unos meses en Bacalar. Preocupado por las denuncias de la Profepa contra su comunidad, dice que el cambio de uso de suelo que la autoridad ambiental les requiere es muy costoso y “prácticamente imposible de pagar”. “La autoridad pide 40 mil pesos por hectárea; pagaría 2 millones de pesos por el cambio de uso de suelo para las 50 hectáreas que compré para mis seis hijos y sus familias”, explica Bergen.
Patricia López, representante legal de los ejidatarios de Bacalar, dice que, en comparación con el precio por el cambio de uso de suelo, la tierra que los menonitas compraron es ofertada a precios irrisorios.
Por necesidad, los ejidatarios de Bacalar las ceden por pagos que van… desde los 3 mil hasta los 5 mil pesos por hectárea. “Cuando se reparten el recurso les viene tocando a cada ejidatario una cantidad mínima. O sea, aunque les pagaran 100 mil pesos, dividido entre 60 o 70 ejidatarios que hay en una comunidad, les viene quedando una cantidad mínima”, explica.
Según consta en documentos en poder de MILENIO, en 2013 diversos predios en San Fernando ya habían sido clausurados por deforestar la selva sin el cambio de uso de suelo, que le corresponde emitir a la Secretaría del Medio Ambiente.
En el acta de levantamiento PFPA/29.3/2C.27.02/0127-13 no se explica cómo es que se levantó la medida cautelar que duró apenas un par de meses.
El subprocurador de Recursos Naturales, Ignacio Millán, aseguró que la deforestación de la selva es un delito que no quedará impune en Bacalar, incluso si descubrieran la participación de servidores públicos involucrados en el tema. “Para definir responsabilidades, nosotros primero tenemos que terminar el procedimiento administrativo y una vez que nos entreguen documentación establecer si existe algún vínculo con cualquier otra autoridad”, adviertió el funcionario.
El procurador Ambiental de Quintana Roo, Miguel Ángel Nadal, niega que las multas o trámites como el cambio de uso de suelo forestal sean medidas recaudatorias contra la comunidad menonita.
Al ser cuestionado acerca de la necesidad de promover campañas de información dentro de la comunidad para prevenir la quema desmedida de terrenos forestales, el procurador ambiental local asegura que su administración ha procurado un acercamiento no solo con los menonitas, sino con la comunidad ejidal para concientizarlos sobre el tema.
Nadal asegura que las multas que la comunidad menonita o cualquier otra que infrinja la ley forestal tendrán que pagar son infinitamente menores al daño ambiental que estas acciones causan. “El valor que tiene más allá que una hectárea de terreno es toda la vegetación que se encontraba, toda la flora y fauna, ese es el verdadero valor y ese es el valor que se le agrega”, agrega.
Mientras tanto, los menonitas se dedican a sembrar maíz, frijol, cebada, trigo y sorgo.
Están felices, sonrientes, con sus enormes tractores poco usuales en esta zona del país. Y no todos están descontentos con ellos, ya que emplean a algunos ejidatarios.