Descomunal déficit de sensatez
La colosal denuncia de que el Gobierno que tenemos los mexicanos asesina deliberadamente a jóvenes estudiantes sigue ahí, todos los días, desafiando el paso del tiempo y el peso de las pruebas
¿Enrique Peña asesinó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Pues, el mero hecho de que formules la pregunta y no la remates con la correspondiente sentencia condenatoria te hará merecedor de insultos, invectivas y feroces descalificaciones. Es más, en Ciudad de México hay una suerte de ‘antimonumento’ — colocado, en el Paseo de la Reforma, por los omnipresentes padres de las víctimas— en el que, debajo del número esculpido junto al signo aritmético de más, figura la fórmula: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
No hay, en el forzado levantamiento de ese altar, ningunas otras posibles inferencias que las que plantea su mismísima existencia física: los muchachos
no están muertos, fueron llevados por fuerzas a las que se les puede exigir su retorno convida y su incomprensible desaparición, luego entonces, es un asunto temporal. No hay lugar para otras explicaciones allí, en una construcción que habrá de permanecer eternamente en el espacio público de la capital de todos los mexicanos (ningún alcalde se atreverá jamás a desmontarla para no afrontar las iras de quienes imponen su verdad por encima de cualquier posible evidencia). Punto.
Recordemos ahora lo que se ha dicho en relación a tan terrible suceso: al autor fue el Estado; el presidente de la República ordenó las ejecuciones; los cuerpos no pudieron haber sido quemados en el basurero de Cocula; el Ejército mexicano consumó la tarea de incinerar los cadáveres en campos militares; la Fiscalía de la nación elaboró dictámenes falsos; etcétera, etcétera, etcétera…
Se desechan así, de un plumazo, las investigaciones realizadas por las autoridades de justicia, las pruebas y las confesiones de los sicarios; no se toma en cuenta que hay más de 100 detenidos por el caso; se responsabiliza al Gobierno federal de los hechos siendo que acontecieron en un municipio encabezado por un alcalde de un partido de oposición — cómplice de una organización criminal y, en su momento, fugado de la justicia, además de haber sido avalado por el personaje que sigue figurando, curiosamente, como paladín de la honestidad y salvador de la patria— y en un estado de la Federación gobernado por el PRD; se validan los resultados de algunos expertos en termodinámica y se descalifican selectivamente los veredictos de otros peritos sobre la factibilidad de que los cuerpos sí puedan haber ardido; se desconoce la disposición del Gobierno de Enrique Peña para permitir investigaciones de un grupo independiente venido del exterior, ignorando que lo primerísimo que hacen los regímenes autoritarios es cerrarse a piedra y lodo para que la verdad nunca sea conocida ( y, de hecho, le resultó totalmente contraproducente la visita de los especialistas, los del mentado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, más allá de que su politización personal pudiere sembrar ciertas dudas sobre su objetividad y de que sus miembros no tenían cualificaciones como científicos); en fin, la colosal denuncia de que el Gobierno que tenemos los mexicanos asesina deliberadamente a jóvenes estudiantes sigue ahí, todos los días, desafiando el paso del tiempo y el peso de las pruebas.
Ahora bien, preguntémonos cuál sería la lógica detrás de todo esto, obviando que muchas de las acusaciones de los denunciantes sean totalmente contradictorias (o sea, si los restos fueron quemados en las instalaciones del Ejército, ¿se puede siquiera formular la reclamación de que “vivos los queremos”?). Para empezar, ¿tendría algún sentido, para alguien en el Gobierno mexicano, mandar matar a los estudiantes? ¿El acaecimiento de Iguala no ha sido, por el contrario, un auténtico dolor de cabeza para la Administración de Peña Nieto en tanto que ha llevado a preocupantes episodios de agitación social en el país y que le ha traído un desprestigio entre quienes, fuera de nuestras fronteras, se apresuran a descalificar al actual régimen porque no saben, o no quieren, reconocer los avances de la democracia mexicana?
Pero, esta descomunal falta de sensatez, así de relacionada como está con algunos intereses políticos, no se restringe al ámbito de la tragedia de Ayotzinapa. El oscuro obstruccionismo de grupos y organizaciones se manifiesta todos los días en cuestiones como la construcción de un carril para el Metrobús o la edificación de un aeropuerto. Es cierto que nuestro descontento ciudadano tiene de qué alimentarse y que los niveles de corrupción que padecemos son absolutamente intolerables. Pero, a pesar de todos los pesares, tendríamos que procurar que hubiera un mínimo de sentido común en la vida pública de este país. ¿Tan difícil es procesar datos, hechos y realidades concretas?
¿Tendría algún sentido para esta administración mexicana mandar matar a los estudiantes?