Milenio Puebla

PGJ, sin sustentar cargos por asesinato de profesor

Armando Mendoza desapareci­ó el 10 de abril de 2012

- Daniel Hernández/ Puebla El cuerpo del profesor de la UAP no ha sido localizado.

Debido a que el cuerpo del profesor de la Universida­d Autónoma de Puebla (UAP), Armando Martín Mendoza Velázquez, no fue localizado, la entonces Procuradur­ía General de Justicia (PGJ) -ahora Fiscalía General del Estado (FGE)- no logró sostener la acusación por el delito de homicidio contra los implicados, por lo que ninguno de los tres detenidos fue juzgado por ese ilícito ocurrido en 2012, confirmaro­n fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El profesor desapareci­ó el 10 de abril de 2012 y, de acuerdo con la versión de las autoridade­s, fue asesinado por tres sujetos para no pagarle una deuda por la compra de maquinaria. Su cuerpo fue arrojado a un río en la región de Huejotzing­o, sin embargo, nunca fue localizado.

Como parte de las investigac­iones, en junio de 2012, la Procuradur­ía General de Justicia (PGJ) presentó a Sergio “J”, alias “El Pollo” o “El Kentucky”; y a Ricardo “F”, alias “El Richard”, como presuntos responsabl­es del homicidio, quienes señalaron a un hombre identifica­do como Mariano P, “El Cacerolas”, como el autor intelectua­l del asesinato, sin embargo, hasta la fecha no ha sido detenido.

A cinco años de la detención, sólo Sergio “J” recibió una sentencia condenator­ia por siete años de prisión por los delitos El delito se cometió en 2012. Los tres sujetos se negaron a pagarle una deuda al académico de robo calificado, robo de vehículo calificado, falsificac­ión de documentos, posesión de vehículo a sabiendas que es robado, portación de arma e instrument­o prohibido; sin embargo, el delito de homicidio no le fue acreditado.

Sergio “J” había enfrentado un proceso penal en 2010 por el delito de daño en propiedad ajena radicado en el proceso 548/2010.

Mientras, su cómplice Ricardo “F” fue absuelto de los cargos y “El Cacerolas” no fue detenido, confirmaro­n las fuentes consultada­s.

Sobre los hechos, la familia no pudo ser consultada debido a que cambiaron de lugar de residencia, números telefónico­s y dejaron de comparecer en las diligencia­s, ante constantes amenazas.

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AGENCIA ENFOQUE/ARCHIVO

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