Capacita Auditoría a servidores públicos
Con el objetivo de impulsar la gestión pública efectiva, el buen uso de los recursos públicos y reforzar la implementación de modelos, técnicas y herramientas que fortalezcan la función de Control Interno, en los 217 ayuntamientos, organismos paraestatales, paramunicipales, poderes y organismos autónomos, la Auditoría Puebla implementó una estrategia de capacitación dirigida a servidores públicos de todas las entidades fiscalizadas.
La clausura de esta iniciativa fue presidida por el Auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, quien estuvo acompañado de directivos de la institución, autoridades y representantes de los municipios, así como de otros organismos públicos.
Durante su mensaje, David Villanueva Lomelí indicó que, en el ámbito de la administración pública nacional, las actualizaciones del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) son de gran relevancia, ya que sirven de base para la implementación del Marco Integrado de Control Interno (MICI) que impulsa el Sistema Nacional de Fiscalización.
El Auditor Superior del Estado destacó que la estrategia de capacitación se centró en retomar los componentes, principios y resultados de las mejores prácticas internacionales en el ámbito del Control Interno, con el propósito de lograr una mayor eficacia en la gestión gubernamental y avanzar en la prevención y erradicación de posibles actos de corrupción. eracruz lleva años padeciendo violencia que silencia, despojamientos arteros, impunidades negociadas y una absoluta opacidad en la rendición de cuentas, como el reflejo más alarmante de lo que sucede todos los días en este país, rehén de sátrapas y desvergonzados.
La sociedad civil ha decidido hacerse escuchar y actuar, para poner un alto a tan cínica y lastimosa situación y redefinir el balance de poder entre la autoridad y la gente. Desde la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), de la cual soy consejero jurídico, Carlos Gidi Blanchet, en su carácter de presidente y con el respaldo unánime de su Consejo Directivo, ha denunciado públicamente al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para que rinda cuentas y proporcione información detallada sobre la “recuperación” de mil 250 millones de pesos, ranchos, un helicóptero, un avión y otros bienes que, según él, “fueron robados a los veracruzanos”.
Igualmente, cuestionamos que muchos personajes involucrados o ligados a las operaciones de corrupción del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, incluida su esposa, Karime Macías Tubilla, continúen en libertad, disfrutando de la vida con los infinitos recursos mal habidos en su poder, y algunos incluso gozando de protección o despachando en cargos públicos.
Para nadie es ya un secreto que la persecución y captura de Javier Duarte fueron impúdicamente utilizadas como meros recursos electorales, tanto por Yunes como por Enrique Peña Nieto, y que detrás de su “verbal continencia” subyace una negociación “política”, en la que la todavía esposa de Duarte y su familia no serán tocados, a cambio de que éste se pase unos cuantos añitos en prisión, en lo que sus abogados logran derribar una caso mal construido, y mientras tanto, la familia Yunes se perpetúa en el poder político para consolidar su poder económico, igual que Peña Nieto y Del Mazo en el estado de México.
No dude incluso, curtido lector, que Duarte sea utilizado en el próximo proceso electoral para atacar a López Obrador y lanzar acusaciones de que buena parte de los millones de pesos malversados y desviados del erario veracruzano, fueron a parar mágicamente a Morena, su presidente y sus simpatizantes, cuando todos sabemos que buena parte de ese dinero era utilizado para sufragar operaciones priistas, tanto a nivel nacional como en diversas entidades, incluida Puebla.
De nada le sirvió a Duarte su “lealtad” con el partido que de la nada lo hizo gobernador; pero es indudable que cuenta con información precisa de todo el dinero desviado para el pago no fiscalizado de operadores y actividades electorales. Ese es su seguro de vida y boleto de libertad. Y esa es la pieza de cambio que le permite a Yunes negociar la sucesión gubernamental en Veracruz a favor de su hijo y de paso evitar que en ese estado gane Morena.
Por eso, desde ONEA queremos que las autoridades responsables de investigar y sancionar los crímenes de Duarte, se vean obligadas a honrar su compromiso, más allá de cualquier negociación política con miras al 2018, y transparenten todos los expedientes, reportes y cualquier otro registro, para documentar y comprobar la entrega de los bienes y recursos recuperados, por parte de Juan José Janeiro, así como el encuentro de Yunes con Moisés Manzur, los cerebros y operadores financieros de la banda de los Duarte.
Recurriendo a la razonabilidad democrática, como refiere el brillante Ernesto Villanueva, secretario de ONEA, “no nos limitamos a hacer preguntas sobre la congruencia entre el decir y el hacer del mandatario veracruzano, con fines meramente catárticos, como se acostumbra”. Por el contrario, se construyó una exigencia jurídica, a la cual Yunes deberá responder de manera fundada y motivada, con el objeto de que los informes oficiales no se limiten a ser creídos, sino a ser probados, cosa muy distinta.
En ese mismo sentido, ONEA ha venido denunciando y ahora pone a prueba, la falta de transparencia y voluntad política de Miguel Ángel Yunes, quien en vez de cumplirle al pueblo veracruzano lo prometido durante su campaña, “se ha dedicado a involucrarse en enfrentamientos con líderes de otros partidos y a preparar el camino a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, de cara al próximo proceso electoral de 2018”.
Este tipo de ejercicios democráticos, sustentados en la presión mediática y la denuncia pública, debería ser replicado en otros estados y en la propia Federación, haciendo valer las herramientas legales existentes. Sólo así lograremos que las autoridades actúen conforme a derecho y se alejen de los dichos y promesas vacuas, sobre todo cuando dejen de lado su autoritarismo y entiendan que no se trata de una cuestión de agravio o ataque personal, sino de una obligación constitucional que acompaña al ejercicio del poder público.
Y quien lo pueda y quiera entender, que entienda: la verdadera alternancia democrática en este país, no podrá construirse con los mismos autoritarios y ambiciosos de siempre, disfrazados con los ropajes de la sociedad civil, pero sin dejar de pertenecer realmente a esa clase política, que tanto daño le ha hecho al país y que de un tiempo a la fecha, sin asomo de vergüenza, pretende heredarle el poder a sus cónyuges, hermanos, primos e hijos, como si de una monarquía o Corea del Norte se tratara. Lo digo sin acritud, pero lo digo.