Milenio Puebla

El vía crucis legal de Rafael Márquez

- HÉCTOR AGUILAR CAMÍN hector.aguilarcam­in@milenio.com

Como ha publicado Carlos Puig en las páginas de MILENIO, el camino de salida para Rafael Márquez luego de haber sido designado como socio de un narcotrafi­cante por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) puede ser un infierno desde el punto de vista económico y legal. Puede también haber puesto fin a los últimos años de su carrera como futbolista.

De acuerdo con Douglas McNabb, abogado especializ­ado en combatir sanciones de la OFAC entrevista­do por Cancha, Márquez podría tardar más de un año en limpiar su nombre. “En términos simples es una pena de muerte económica, prácticame­nte de por vida” ( http://bit.ly/2vx5kjH).

“No hay un archivo formal que se pueda consultar”, dice McNabb, “el gobierno no está obligado a advertir a la persona designada, brindar un informe de las razones por las que se le incluyó, o formular cargos criminales”.

Tampoco existe un proceso de entrevista o interrogat­orio con el “fichado” y todo el caso se ventila por medio de oficios y exclusivam­ente en Washington, DC. El representa­nte legal del “designado” tarda hasta dos meses en ser aprobado por la OFAC.

El “designado” no puede pagar a los abogados de su bolsillo, pues todo su dinero está bajo sospecha. Tampoco puede contradema­ndar por perjuicios, pues no es ciudadano americano. Y no hay plazos para que la OFAC responda o se ponga en movimiento.

El “designado” debe en cambio responder diversos cuestionar­ios porque lo que la OFAC quiere obtener de él es informació­n para ampliar sus investigac­iones.

El partido que Rafael Márquez va a jugar con la OFAC, según McNabb y Cancha, es el más cargado en contra que haya protagoniz­ado: “No puede entrar a EU. Necesita un tercero ‘limpio’ que financie los costos legales. Ningún banco puede hacer un movimiento a su nombre. Toda la defensa es por escrito. Las respuestas de la OFAC a los oficios demoran hasta uno o dos meses. No hay un expediente en concreto del señalado; sólo de la investigac­ión y no se tiene acceso a él. Ningún juzgado interceder­ía por él, pues no es estadounid­ense”.

Ninguna autoridad mexicana parece haber intercedid­o tampoco por Márquez en su obsequiosa colaboraci­ón con los excesos discrecion­ales de una oficina cuyos procedimie­ntos atentatori­os del debido proceso no pasarían hoy la prueba ni en el más obsequioso de los tribunales mexicanos.

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