Juzgado ordena indagar a fondo el caso Tlatlaya
Un juzgado federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una investigación a fondo en torno a la muerte de 22 presuntos delincuentes durante un supuesto enfrentamiento con militares en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, ya que en su pesquisa incurrió en diversas “omisiones”.
El incidente en Tlatlaya se registró hace tres años y hasta el momento la PGR no ha logrado llevar a juicio a ningún presunto responsable, pese a existir señalamientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el sentido de que se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario, con sede en Toluca, ordenó liberar por “falta de elementos para procesar” a tres militares, señalados como presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos. Anteriormente, otros militares también quedaron en libertad por falta de elementos.
La resolución del tribunal referente a libertad de los soldados no era impugnable, pero en la sentencia el magistrado dejó en claro que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”. Es decir, el caso no está cerrado y nadie ha sido exonerado porque no ha podido ser juzgado.
Desde el año pasado, la PGR se comprometió efectuar todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, “a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya queden impunes”.
El 21 de octubre, la CNDH concluyó que de los 22 presuntos delincuentes que murieron se puede presumir que 15 de ellos fueron ejecutados por militares, cuando ya se habían rendido.
Clara Gómez González, testigo de los hechos y quien perdió a su hija en el lugar, promovió un amparo en los primeros meses de este año porque la PGR no ha vuelto a consignar el expediente para acusar a los presuntos responsables