Sin periodistas no hay libertad
L a libertad de expresión, en su connotación más esencial, es el derecho de todo individuo a manifestar su propio pensamiento e implica que no se le impida hablar, escribir o difundir sus ideas a través de cualquier medio. Pero en una concepción colectiva, la libertad de expresión comporta un derecho de toda la sociedad a recibir información y a conocer las ideas de otros, con el fin de que cada quien forme su propio criterio.
Esta segunda dimensión de la libertad de expresión la convierte en un elemento indispensable para la formación de una opinión pública informada y para la existencia de un debate abierto sobre temas de interés público, todo lo cual facilita el pluralismo político, la participación y la rendición de cuentas, esenciales en una democracia.
El ejercicio periodístico es central a este entendimiento colectivo o político de la libertad de expresión. El periodismo contribuye de manera única a la construcción de sociedades democráticas, ya que provee los elementos para criticar al poder y defenderse de él; trae a la luz las tramas de corrupción y abuso; crea narrativas distintas a las oficiales, y aporta opiniones e informaciones que permiten al público asumir posiciones, cambiar posturas, tomar decisiones y moverse a la acción en temas de su interés.
De esta manera, el papel que desempeñan los periodistas en la consolidación de la democracia explica porqué, para cumplir con su deber de garantizar la libertad de expresión, el Estado no solo está obligado a no interferir con la propagación de noticias, ideas y opiniones, sino a facilitar un clima de seguridad y libertad en el que los periodistas puedan realizar sus aportaciones.
Esta obligación de proteger activamente la libertad de expresión adquiere mayor relevancia en el contexto de la violencia e intimidación que padecen los periodistas en muchas partes del mundo y, desafortunadamente, en nuestro país. Según Artículo 19, en México y Centroamérica, de enero a junio de 2017, se documentaron 276 agresiones contra periodistas, entre las que se contabilizan seis asesinatos y una desaparición, con lo que México se coloca entre los países más riesgosos para ejercer el periodismo.
Frente a ese panorama, contrastan los reportes de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de los que se advierte que la última vez que un caso fue judicializado fue en enero de 2017, lo que si bien puede tener diversas explicaciones, no todas imputables a las autoridades, ilustra cómo la impunidad acompaña a la violencia contra los periodistas y la perpetúa.
Garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo con motivo del ejercicio periodístico es esencial para toda la sociedad. Cuando los periodistas son acallados u orillados a la autocensura, se nos arrebata a todos el derecho a construir la ciudadanía libre, plural, informada, crítica y tolerante a la que todos aspiramos.
Por ello, es fundamental que el Estado asuma una función activa en la prevención de los ataques contra los periodistas y, en su caso, que lleve a cabo investigaciones efectivas que permitan el pronto esclarecimiento de los hechos y la sanción de los actos de violencia e intimidación contra periodistas. Pero sobre todo, ciudadanos y autoridades debemos cobrar conciencia de los peligros que entraña para la libertad y la democracia un entorno en el que el periodismo es atacado con la clara intención de restringir el flujo de información y opiniones.
Proteger a los periodistas no es una concesión graciosa del Estado; es una obligación que le es exigible y que debe considerarse prioritaria. Además de destinar atención y recursos para el establecimiento de salvaguardas y medidas efectivas de protección, deben atenderse las fallas estructurales que generan la impunidad. En el contexto de la violencia, corrupción, inseguridad y debilidad institucional, las agresiones contra periodistas no son solo uno más de nuestros problemas, sino el indicador que mide la calidad y el estado de salud de nuestra democracia. m