Cabify ¿goza de impunidad?

¿Qué interés defiende un gobierno cuando trae a cuestas el mandato popular? ¿El interés de la sociedad o de una empresa privada?

Si el gobierno acierta con honestidad la respuesta tan obvia, pues se está tardando para aplicar una sanción “social” y técnica a la empresa Cabify.

Esta firma prestadora de un servicio de transporte con una aplicación móvil, es la responsable de un delito de feminicido cometido por uno de sus “socios” o “colaborador”, en agravio de una joven universitaria.

El gobierno, como administrador, es corresponsable, porque como representante de la sociedad impulsa reformas a las leyes locales para la prestación de este servicio, pero en total opacidad otorga permisos y licencias sin garantizar la seguridad de los usuarios.

Cabify debe ser sancionada por el gobierno con una suspensión inmediata y por tiempo determinado, hasta que demuestre a la sociedad que existe la seguridad en la integridad física y moral de los usuarios.

Por su parte, el gobierno, a través de la Secretaria de Transporte, deberá hacer transparente el procedimiento y el cumplimiento de Cabify -Uber o cualquier otra empresa del ramo- a las reglas en la prestación del servicio de transporte.

Ofenden declaraciones como las del titular de la Ssptm, Manuel Alonso, en el sentido de que implementarán los botones de pánico en Cabify y Uber. Desafortunada y mediocre postura que ya no es sorpresa en funcionarios públicos.

Ante la crisis en Puebla como la generada por el secuestro, violación y asesinato de la joven universitaria, Mara Fernanda Castilla Miranda, se requieren más acciones y respuestas que declaraciones de servidores públicos, que ofenden a las familias.

Tampoco por este condenable acontecimiento, que ha trascendido en el ámbito nacional, se justifica el oportunismo de mujeres activistas con militancia partidista, quienes utilizan el hecho para sacarle provecho político.