ENSAMBLA AUDI EL VEHÍCULO 100 MIL
Planta de Chiapa busca cumplir meta; llega Lehe a Producción
La emergencia nacional exige audacia en las decisiones de los encargados de la conducción del país pero, sobre todo, reclama responsabilidad. A diferencia de 1985, el México de 2017 no es guiado por un presidente en ejercicio de “atribuciones metaconstitucionales” (Jorge Carpizo, dixit), sino que la sala de máquinas de las decisiones del Estado está habitada por un sistema plural de partidos que, pese a las críticas (con frecuencia bien ganadas) que recibe, es depositario legítimo de la voluntad popular: 50 millones de electores sufragaron en 2012 para definir la conformación del Senado y 39.8 millones más en 2015 por la integración de la Cámara de Diputados, que son los cuerpos parlamentarios que deben decidir cómo obtener recursos para la reconstrucción tras los sismos y cómo gastarlos. Nadie, en democracia, puede pretender sustituir al Congreso en esa atribución y responsabilidad: obtener recursos públicos (ambas cámaras) y determinar cómo ejercerlos (diputados).
Es tal la magnitud del daño a comunidades, infraestructura y población que la inversión frente a la catástrofe no puede quedar reducida a iniciativas particulares, ni a la loable solidaridad de colectivos e individuos, sino que ha de cruzar y ocupar la acción del Estado en su conjunto. Si los fondos han de fluir con oportunidad y suficiencia, es necesario echar mano de las herramientas financieras al alcance de todo Estado contemporáneo para no dejar desprotegidos ni olvidados a quienes necesitan con urgencia de la acción pública: ahí están los créditos que desde el Ejecutivo se pueden gestionar desde ahora precisamente para adelantar gasto que no puede ser eludido ni pospuesto si de defender la vida y el bienestar de muchos se trata.
Ese debate, por necesidad de interés público, ha de tener sitio en el Congreso —la casa legítima de la pluralidad política del país— para definir con transparencia cuánto dinero debe canalizarse, y cómo, a las zonas afectadas. Para eso es el Estado democrático: para responder con apertura y nitidez, garantizando los derechos fundamentales a las necesidades de la población que le da sentido y sustento al Estado mismo.
En el río revuelto de estos días hemos visto cómo se reanima el discurso antipolítico que ve en los partidos, parlamentos e instituciones de la democracia, no a herramientas indispensables de la recreación de la pluralidad, sino a los culpables directos de los males que aquejan a todo el país. Así, en vez de promover un auténtico debate sobre las carencias de nuestro desarrollo social, económico y político, que exige redefinir la política económica y de gasto para acabar con las contrahechuras estructurales que potenciaron la fuerza destructiva de los sismos, se pretende que con recortes a partidos y Poder Legislativo se encare la emergencia.
¿En serio privatizando las campañas —quitando sin más el financiamiento público— tendremos una democracia más limpia, más creíble? ¿Arrojando a los actores políticos a los donativos nada desinteresados de los poderes fácticos es como tendremos partidos más cercanos a la defensa del interés público? Ya hay quien propone eliminar la representación proporcional de los Congresos como una vía de ahorro. ¿De verdad es cercenando la expresión de la pluralidad política real en los espacios de la representación formal como se revertirá el descrédito del parlamento? (Baste decir que en 2015 la coalición más votada obtuvo 29.2 por ciento de los votos, pero ganó 48 por ciento de los 300 distritos electorales, por lo que se trata de una fórmula que artificialmente favorece mayorías parlamentarias que el sufragio no otorga y que la representación proporcional corrige.) No está de más recordar que la Carta Magna en su artículo 105 establece con claridad que las reglas del juego democrático no pueden cambiarse iniciado el mismo: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, dice de forma textual la Constitución, y el proceso electoral en curso inició desde el 8 de septiembre pasado. No hay espacio constitucional para pretender modificar las condiciones de la competencia ni los cargos a elegir el primero de julio de 2018. Sería deseable empezar por no prometer lo que no será, si de lo que se trata es de actuar con responsabilidad política.