El costo social y político del sismo
Bastantes emotivos fueron las despedidas a inmuebles educativos, afectados por el sismo del 19 de setiembre.
Entre abrazos, entonación del himno normalista y nostalgia, cientos de personas, entre ex alumnos normalistas y docentes, le dieron el adiós al edifi cio donde se formaron educadores, en el Benemérito Instituto Normal del Estado.
Se trata del inmueble ubicado en la 11 Sur y 11 Poniente, un edificio emblemático que será demolido debido a los daños estructurales. Hasta antes del sismo, el edificio albergaba la escuela Héroes de la Reforma y acudían alumnos del sistema de educación básica.
En este lugar perdieron la vida una madre de familia y su hija escolar.
El lunes por la tarde se reunieron frente al plantel personas de diferentes edades que estudiaron en ese edificio para compartir el duelo por el temblor y los recuerdos.
Un ambiente similar se vivió ayer en el exterior del edificio que fue sede del Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”, en el municipio de Izúcar de Matamoros.
Uno muro en pie sirvió a los alumnos, maestros y padres de familia para realizar diversas inscripciones de sus vivencias, encuentros y fechas de generaciones.
Menciono estos dos casos emblemáticos porque, a diferencia de quienes creían sería más rápido y fácil el regreso a la normalidad después del sismo, con el reinicio de clases y actividades laborales, pues se han equivocado.
No solo será complicado recuperar la “normalidad”, después de las pérdidas de materiales y de vidas humanas. Será más grave porque falta por ver las consecuencias postraumáticas en los ámbitos económicos y sociales.
Debemos prepararnos porque el dolor se extiende a las comunidades poblanas con los mayores índices de pobreza, la región mixteca.
No será fácil la reconstrucción, dependerá mucho de las acciones gubernamentales para la correcta valuación de las pérdidas de bienes patrimoniales, en Puebla y los otros estados, incluida la Ciudad de México.
Emergió nuevamente la fuerza de la sociedad civil, particularmente, los jóvenes, los llamados Millennials, los nacidos entre los años 1980 y 2000, quienes obligaron a los partidos políticos a regresar una parte del dinero público que reciben, para destinarlo a los damnificados y a la reconstrucción.