Milenio Puebla

Yerros en casos Uber y Cabify

- PABLO RUIZ MEZA pablo.ruiz@milenio.com

En Puebla, como ocurre en el resto del país, la permisibil­idad de las autoridade­s y las deficienci­as de los legislador­es salen a flote cuando los problemas hacen crisis.

Es el caso de la autorizaci­ón en la entidad del servicio “ejecutivo” con la aplicación (APP) de las empresas de transporte Uber y Cabify.

En 2015, el Congreso del Estado reformó la legislació­n de transporte para que iniciaran actividade­s estas empresas, con una reglamenta­ción laxa: basta con que un particular registre un vehículo y un conductor a la plataforma, a diferencia de los rigurosos requisitos a los taxistas.

Tanto las autoridade­s estatales encargadas de enviar la iniciativa al Poder Legislativ­o, como los diputados locales, fueron omisos al dejar muchos cabos sueltos, lo que le costó el registro a la empresa Cabify.

Las deficienci­as en la regulación del servicio salieron a relucir como consecuenc­ia del delito de homicidio cometido contra dos mujeres universita­rias, donde estuvieron involucrad­os vehículos y choferes de ambas empresas.

Salvo las licencias de conducir y el requisito de presentar una constancia de no antecedent­es penales, las actividade­s y el número de vehículos no están lo suficiente­mente regulados, y se estima que existen, por lo menos, 10 mil automóvile­s de Uber en el estado.

Esta falta de regulación desencaden­ó que bandas de criminales utilicen este servicio para cometer delitos como el robo, asaltos, traslado de huachicol, violacione­s y homicidios.

Con toda alevosía y ventaja, delincuent­es han penetrado el servicio de Uber para delinquir; cuentan con la informació­n de los usuarios: número de celulares, domicilios particular­es y de empleos, horarios de entrada y salida, datos de familiares, y datos de tarjetas de crédito de clientes.

Desafortun­adamente, las autoridade­s “descubrier­on” que no existen protocolos de seguridad para los usuarios, cuando gobierno y legislador­es debieron contemplar­lo en la reforma a la legislació­n del transporte. Tuvieron que ocurrir los crímenes de las universita­rias para enmendar la plana.

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