Renuncia de Raúl Cervantes
La renuncia inesperada de Raúl Cervantes Andrade al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) puede ser considerada como un acto de honestidad personal de quien, siendo titular de una institución tan cuestionada como ésta, reconoce que el ambiente de su entorno ya no era el propicio y que con su salida contribuiría al eventual inicio de una nueva etapa en la principal instancia de procuración de justicia en nuestro país; sin embargo, dicha renuncia forma parte de un plan del gobierno federal para que al final de esta administración se consiga el objetivo de designar a un fiscal transexenal.
Es público: los que han sido titulares de la PGR han dicho que se trata de una institución devastada. El propio Raúl Cervantes no contó con el tiempo suficiente para implementar un plan de reestructuración total. La percepción de la ineficacia en la investigación y en la persecución de delitos es generalizada, adicionando a ello la exigencia de todos los sectores de la sociedad para que la transformación de Procuraduría a Fiscalía General corresponda a la de un órgano constitucional autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, erradicándose con esto el concepto de fiscal carnal, es decir, el de incondicionalidad al poder.
La renuncia de Raúl Cervantes que, ratifico, puede ser un acto de honestidad personal, representa el primer paso de un plan del gobierno federal que pretende concluir con la designación de un fiscal general por medio del procedimiento previsto en el texto vigente de la Constitución.
¿A qué me refiero con esta afirmación? Primero, todo indica que la PGR quedará sin titular con el propósito de que el llamado “pase automático” de Procurador a fiscal general, cuando haya una Ley de la Fiscalía General, no opere por ausencia de un beneficiario. Con esto, el famoso artículo 16 transitorio del decreto de la reforma política, en su parte conducente, carecerá de aplicación.
Segundo, si no hay quien pase automáticamente de procurador general a fiscal general, la iniciativa de Peña Nieto para modificar el citado 16 transitorio se queda sin materia.
Tercero, la siguiente etapa en el plan del gobierno consiste en aprobar la Ley de la Fiscalía General, la cual en uno de sus transitorios hace la declaratoria legal por el Congreso de la entrada en vigor de la Fiscalía General.
Cuarto, estando en vigor la Ley de la Fiscalía General y cancelado el pase automático por ausencia de procurador general, iniciaría el último paso de este plan, consistente en la designación del fiscal general bajo el procedimiento del artículo 102 constitucional, lo que nos lleva a la elección de un fiscal a modo del Poder Ejecutivo, a la designación, a fin de cuentas, de un fiscal carnal.
Éste es el plan del gobierno que arrancó hace unos días con la renuncia de Cervantes Andrade y que pretende concluir con el nombramiento de un fiscal general sin autonomía ni independencia.
Qué grave que se planee dejar a la Procuraduría General sin titular y a la deriva. Esto significa el fracaso de este gobierno en materia de investigación y persecución de delitos y de una parte fundamental de la seguridad pública.
Lo que debemos exigir es que, con voluntad política del Ejecutivo y del Congreso, se lleve a cabo una reforma de fondo para elevar a la Fiscalía General a su rango de órgano constitucional autónomo e independiente y que el procedimiento de la designación de su titular sea con la participación de la sociedad y deje de ser una decisión política dentro del poder.