El derecho a la movilidad humana
El estado de Puebla se coloca como un espacio de origen, retorno, tránsito y hospedaje de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Están establecidos en la Constitución y en las leyes y deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre las garantías de las personas se encuentran, la igualdad ante la ley, la libertad, la libertad de asociación y reunión, la libertad de tránsito y residencia, la garantía de audiencia, la garantía de legalidad, la seguridad jurídica en materia penal internacional, los derechos de la víctima o del ofendido y el derecho a un medio ambiente adecuado.
La movilidad humana es un derecho y, por ningún motivo, las personas migrantes o huéspedes deben ser criminalizadas por su condición migratoria o situación jurídica.
Sin importar su situación migratoria, el Estado mexicano debe garantizar el derecho a la seguridad personal de los migrantes como lo marca el artículo 66 de la Ley de Migración: “La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 resolvió que quienes dan cobijo o ayudan a migrantes sin obtener un beneficio económico no cometen el delito de tráfico de personas.
Antes de la resolución de la SCJN, las personas que proporcionaban ayuda humanitaria a los migrantes irregulares se exponían al procesamiento penal.
Amnistía Internacional (2010) descubrió que muchas personas que viven cerca de las rutas de migrantes desconocen la resolución de la Suprema Corte y, por tanto, siguen temiendo ser procesadas si proporcionan ayuda a los migrantes.
Al final, los seres humanos tienen derecho a la movilidad y el reto de las autoridades mexicanas, federales, estatales y municipales, es brindar a los migrantes servicios y programas sociales con el propósito de proteger y hacer valer cada uno de sus derechos.