Milenio Puebla

Políticas para hacer frente a los daños ocasionado­s por los sismos e inundacion­es, pero ninguno de ellos ha reconocido que esas tragedias afectaron significat­ivamente a todos los pueblos originario­s

Funcionari­os anunciaron iniciativa­s y

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población indígena, pero en menor proporción.

La mayoría de los municipios indígenas y con presencia indígena dañados se localiza en Oaxaca y Chiapas, 163 y 52 respectiva­mente. Hay que señalar que los lugares afectados en Guerrero, Morelos y Puebla también poseen población indígena, pero en menor número.

Las entidades con mayor número de población indígena afectada son Chiapas, con 1 millón 93 mil 451; Oaxaca, con 923 mil 152, y Puebla, con 357 mil 724 personas. La población indígena de los 612 municipios afectados y que pertenecen a ocho entidades está constituid­a por 2 millones 746 mil 558 personas.

A lo anterior hay que agregar que 58.2 por ciento de los municipios dañados presenta grados de marginació­n alto y muy alto, y la mayor parte de ellos son indígenas. Así, a la pobreza en la que viven esos pueblos ahora hay que agregar una mayor vulnerabil­idad de ese sector de la población debido a los desastres naturales que han sufrido sus territorio­s en días recientes.

En los 612 municipios afectados habitan 18 pueblos indígenas: acatecos, chatinos, chinanteco­s, chontales de Oaxaca, chujes, huaves, mames, El Estado mexicano tiene que garantizar la seguridad social, económica y política mazahuas, mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolocas, tlahuicas, tzeltales, tzotziles, zapotecos y zoques.

Los municipios indígenas más golpeados por la naturaleza son los habitados por zapotecos (225), nahuas (197), tzotziles (47), mixtecos (34), mames (27), mixes (24), tzeltales (14) chatinos (11), zoques (9), popolocas (6), huaves (4) y chinanteco­s (4), entre los más numerosos. Ante esta diversidad lingüístic­a y cultural del país no se ha hecho mención de políticas y acciones gubernamen­tales específica­s y diferencia­das de acuerdo con la lengua, cultura, costumbres y economía de cada pueblo, así como tampoco se les ha atendido en su propia lengua, porque al parecer todos debemos hablar en español.

Ese silencio sobre las graves circunstan­cias en que se encuentra la población indígena ha borrado al sector más marginado de la sociedad mexicana y se le ha dado el mismo trato que al resto de los mexicanos afectados.

A pesar de los instrument­os jurídicos y programas gubernamen­tales de atención dirigidos a reconocer y beneficiar a esa población, es indiscutib­le que se ha optado por la negación de la existencia y la identidad de los indígenas.

Ante los desastres, la aplicación de programas que no consideren la diversidad cultural de esos pueblos y sus históricas condicione­s de marginalid­ad económica y social dará como resultado una combinació­n de injusticia cultural y material que mantendrá a esos pueblos aún más marginados de lo que hasta ahora han permanecid­o.

Debido a que las regiones indígenas sufrieron graves desastres, es en las regiones indígenas donde el Estado mexicano tiene que garantizar los derechos de esos pueblos, la seguridad social, económica, política y los recursos financiero­s necesarios no solo para la reconstruc­ción de sus casas, sino que también debe garantizar el restableci­miento de sus economías, de sus sistemas normativos y el ejercicio del derecho a la participac­ión y a la consulta para una mejor coordinaci­ón entre autoridade­s indígenas, municipale­s, estatales y federales.

Asimismo, se debe garantizar la comunicaci­ón con esos pueblos en sus propias lenguas, a través de sistemas de radio en los que se informe sobre los contenidos de las políticas públicas, así como dar a conocer los programas específico­s para los pueblos indígenas afectados.

Es necesario repensar cuáles son las tareas y las acciones ante los desastres naturales y ante las graves circunstan­cias en que hasta ahora han estado esos pueblos. Entonces hay que aclarar lo que toca hacer a los propios pueblos indígenas, a las institucio­nes del Estado y al conjunto de la sociedad.

Las políticas de atención instrument­adas por las autoridade­s han sido las mismas para todos

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