Rajoy va por destitución del gobierno separatista catalán
“Es el peor golpe a la región autonómica desde Franco”, dice Puigdemont; 450 mil personas marchan en Barcelona en apoyo a la autoridad regional
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, inició la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el separatismo catalán, al anunciar que destituirá al gobierno regional encabezado por Carles Puigdemont y convocará elecciones antes de seis meses.
Rajoy, del conservador Partido Popular, también informó que ejercerá medidas de control sobre el Parlamento catalán, que verá limitadas sus funciones para evitar que “admita iniciativas contrarias a la Constitución”.
La respuesta de Puigdemont veno mediante una declaración institucional, mediante la cual adelantó que convocará a un pleno en el Parlamento local en los próximos días para debatir sobre el “intento” del gobierno central de “liquidar” el autogobierno en Cataluña “y actuar en consecuencia”.
Puigdemont afirmó también que el gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo de otros partidos, dio el “peor golpe” a Cataluña desde que “el dictador Francisco Franco” dictó la supresión de la autonomía.
El gobierno de Rajoy pactó las medidas con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (centroderecha), que el Ejecutivo enviará al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se convocará para el próximo viernes.
Rajoy detalló las acciones más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155 de la Constitución, ante la insistencia del Ejecutivo catalán de declarar la independencia.
Entre ellas, propondrá al Senado —donde el PP tiene mayoría— se le autorice asumir la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses.
“Celebrar elecciones es el objetivo, es lo que quiere la mayoría, el sentido común y se trata de abrir una nueva etapa en la que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y la convivencia y el bienestar de las personas” se mantengan, argumentó.
También pedirá, “con el fin de proteger el interés general de la nación”, que se autorice al gobierno a cesar a Puigdemont y a todo su gabinete. Las funciones serán asumidas por el órgano que designe el gobierno de la nación y, en principio, serán tomadas por los Ministerios. Mariano Rajoy aclaró que la administración de Cataluña continuará funcionando de manera ordinaria para ejercer las funciones que se le atribuyan, pero bajo las directrices de los órganos o autoridades que el gobierno designe.
Aunque las medidas adoptadas en el marco de la aplicación del artículo 155 son de calado inédito, Mariano Rajoy subrayó que lo anterior “no supone la suspensión de la autonomía de Cataluña”, sino que “se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley”.
Respecto al Parlamento catalán, el gobierno de Rajoy también pedirá a la Cámara alta española restringir sus funciones, de tal forma que el presidente del Legislativo local no pueda proponer un candidato para sustituir a Puigdemont, ni se permita celebrar un debate y votación de investidura en dicho congreso regional.
Éste tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña —que corresponderá al organismo que designe el Senado—, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución. En su declaración institucional, que duró casi diez minutos y en tres idiomas (catalán, castellano e inglés), Puigdemont recordó que la Generalitat (gobierno catalán) es una institución anterior a la “No se suspende la autonomía; se cesa a las personas que actúan al margen de la ley” Constitución de España y acusó a Rajoy de querer “teledirigir” a Cataluña desde Madrid. “Lo que tenemos nos lo hemos ganado siempre con la fuerza de la gente y la democracia”, afirmó Puigdemont, quien reiteró que “el ataque” del gobierno de Mariano Rajoy “se sitúa fuera del estado de derecho”, como lo es “actuar impunemente con violencia contra ciudadanos pacíficos” y “perseguir ideas y medios de comunicación” o crear “inestabilidad económica”.
Antes, también en una declaración institucional, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, acusó a Rajoy de “traspasar todos los límites” y ejecutar “un golpe de estado de facto para descabezar las instituciones catalanas y apropiárselas con un golpe a la democracia” que consideró inaudito en “la Europa del siglo XXI”.
La fiscalía española tiene preparada una querella por rebelión contra Puigdemont, en el supuesto de que se declare la independencia en la región en los próximos días, una opción que el Ejecutivo catalán estará barajando en estos días.
El delito de rebelión, según el artículo 473 del Código Penal español, puede conllevar una pena de entre 15 y 30 años de cárcel.
Casi medio millón de independentistas salieron ayer a las calles de Barcelona a protestar contra el plan del gobierno de Mariano Rajoy de cesar a Carles Puigdemont.
Encabezados por el propio Puigdemont, 450 mil manifestantes marchaban al tiempo que gritaban “¡Libertad!” e “¡Independencia!”
Además de Puigdemont, también estuvieron presentes en la multitudinaria marcha la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, y el ex jefe del ejecutivo catalán Artur Mas, uno de los promotores del proceso secesionista en la región.