Milenio Puebla

Reforma integral a Ley de Transporte

- PABLO RUIZ MEZA pablo.ruiz@milenio.com

Una visión parcial o limitada tienen las autoridade­s encargadas de regular un sistema seguro y eficiente del transporte público, principalm­ente, por la insegurida­d pública.

Sería miope por parte de los legislador­es y la oficina encargada del gobierno, reformar la Ley de Transporte, solo por los casos Uber o Cabify.

Desde su origen, la regulación ha sido laxa para el servicio de taxis ejecutivos con la aplicación de los dispositiv­os.

Como ocurre en el resto del país, nos tiene que ocurrir una desgracia para intentar tapar el pozo, después del niño ahogado.

Pero ya que nos ocurrió, con los asesinatos de las jóvenes universita­rias, Mara Fernanda y Mariana; los dos poderes involucrad­os -el Ejecutivo y Legislativ­o- pretenden enmendar los errores, pesando exclusivam­ente en el servicio ejecutivo de taxis, cuando el problema es integral: calidad en el servicio y seguridad.

Reclaman, con justa razón, los socios de Uber que las secretaría­s de Transporte y Seguridad Pública quieran justificar sus omisiones con regulacion­es más rígidas, pero no extienden las medidas contra el resto del transporte, también involucrad­os en diversos delitos, incluido el homicidio.

Vehículos y choferes del servicio de taxis de los colores negro y amarillo están involucrad­os en todo tipo delitos, desde el narcomenud­eo, asaltos, atracos, violacione­s y robo de autopartes, y ninguna autoridad los sanciona con el retiro de concesione­s, a diferencia de Cabify y Uber.

En total indefensió­n, los usuarios del servicio de taxis son transporta­dos sin ninguna seguridad de nada, ni siquiera la informació­n de quién va al volante con un tarjetón que los identifiqu­e.

Taxis negros sucios, con basura, deteriorad­os, maloliente­s y con tarifas arbitraria­s, prestan el servicio sin ser molestados por autoridad alguna, protegidos por las mafias corporativ­as de partidos políticos.

En este año se han cometido cuatro homicidios por asaltos en el transporte público de pasajeros, así como múltiples asaltos, y ni una sola ruta del transporte masivo de pasajeros ha sido sancionada.

Tendrían un dedo de frente los legislador­es -y cobran por ello- que aprueben una reforma miope que no dignifique un transporte público de pasajeros, tanto colectivos como de servicio personaliz­ado.

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