El pleito de Los Yunes
E n Puebla y Veracruz mucho se ha hablado de Los Yunes, por el pleito legal de una herencia que se originó hace tres años.
Son parientes cercanos al gobernador veracruzano y han llevado su tema al ámbito mediático.
En este asunto se enfrentan un político, quien fue diputado local y alcalde de un municipio en Veracruz, y su hermana.
Ella abrió este escándalo, al declarar en distintos medios de comunicación que su hermano y su madre quieren quitarle derechos en las múltiples empresas de su padre, fallecido en 2014, para dejarla en el desamparo junto con sus dos hijos.
Personas cercanas a la familia dicen que ella se ha victimizado y no ha sido sincera.
Se la pasa acusando a sus consanguíneos y no ha reconocido que vive en la casa de su hermano, en Puebla.
En estos tres años denunció a su madre por el robo de un vehículo, sin embargo, quedó a deber dos despachos de abogados por sus honorarios en este pleito legal.
Su desesperación la llevó, recientemente, a denunciar al tercer despacho contratado, el corporativo Gutiérrez Gayosso.
El motivo: no le quieren entregar documentación.
Si no le han devuelto los documentos, es porque no ha pagado los servicios de este jurídico, el cual no tiene ningún problema en entregarlos. El despacho tiene todos los elementos a su favor para echar abajo las acusaciones de la señora.
Presionan políticos en tema Uber
Los asesinatos de las estudiantes de la UAP y la Upaep, Mariana Fuentes Soto y Mara Fernanda Castilla Miranda, respectivamente, no hicieron el eco suficiente en el Congreso del estado.
Si bien los legisladores aprobaron reformas a la Ley del Transporte del Estado de Puebla, con el supuesto argumento de que habrá mayor seguridad para los usuarios, se cuidaron algunos aspectos.
Los diputados nunca pensaron en los usuarios o los conductores, quienes dependen de esta plataforma para tener un ingreso económico.
Los señores legisladores recibieron la presión de políticos poblanos que tienen flotillas de 100 o 200 vehículos.
Las reformas aprobadas precisan que empresas como Uber y Cabify no estarán obligadas a hacer público su padrón de socios.
¿Eso qué quiere decir? Que no serán públicos los nombres de los empresarios consentidos de secretarios de gabinete y de empresarios consentidos del sexenio pasado.