AMLO, de la mano de Salinas
No es novedad que el Partido del Trabajo, de Alberto Anaya, es uno de los más exitosos y rentables inventos de los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari.
Tampoco es nuevo que el modelo empleado por el PT —para la depredación política del dinero público— es propio de la más atrasada antidemocracia del viejo PRI.
Lo nuevo, en la escandalosa danza de millones que hoy exhibe a la familia de los dueños del PT —y que tiene al borde de la cárcel “a la familia real” de esa franquicia—, es que el mayor de los inventos del salinismo es una de las herramientas privilegiadas para la recaudación de dinero público por parte de la moderna versión del PRI, el joven partido Morena.
Pero no, no todo es miel sobre hojuelas para el PT de Alberto Anaya.
Y es que la franquicia electoral que inventó el salinismo vive la peor crisis de su historia, a pesar de que fue resucitado por el PRI —mediante la oxigenación de boca a boca—, que ha vivido del dinero público por más de 25 años y que gracias a esa fórmula un puñado de líderes petistas hicieron realidad el milagro de la igualdad; disputan de tú a tú sus fortunas con los potentados mexicanos.
Sin embargo —y a pesar de que el PT es el ejemplo más cuestionable de la corrupción partidista—, abundan las voces que defienden las raterías de “la pandilla” encabezada por Alberto Anaya. Y entre sus defensores no solo aparece
Andrés Manuel López Obrador —aliado electoral del PT y beneficiado de sus raterías—, sino que también defienden el negocio ilegal de Anaya no pocos periodistas, analistas e intelectuales que dicen que se trata de “una persecución selectiva”, contra los amigos de AMLO, como son los casos de Santiago Nieto y de Alberto Anaya. Por eso, para los que dudan del saqueo depredador de la familia Anaya y de sus “compinches”, algunos ejemplos. Desde hace 25 años, el dueño del PT, Alberto Anaya, su esposa Guadalupe Rodríguez y no más de una veintena de incondicionales de “la familia real” —como motejan los elegidos a Anaya y a su familia—, son los encargados de “regentear” un jugoso negocio privado que se financia con dinero público.
Sí, un rentable negocio privado financiado con dinero público.
Se trata de 75 Cendis —Centros de Desarrollo Infantil— distribuidos en 18 estados de todo el país, además de diez Cadis —Centro de Atención Dermatológica Integral— en por lo menos ocho capitales del país y, claro, una universidad “pato” en Monterrey. Gracias a esa próspera empresa, la familia
Anaya Rodríguez y un puñado de sus leales llevan a sus cuentas personales cientos de millones de pesos de dinero público al año, al tiempo que disponen de miles de militantes a sueldo que son movilizados para protestar contra tal o cual gobierno estatal.
Y se trata de un escandaloso fraude porque, por un lado, los centros educativos que teóricamente debieran ser gratuitos —y que reciben dinero público para ello—, en realidad son una lucrativa empresa del ramo de la educación y la capacitación, por el que se cobran cuotas nada económicas.
Y es que según la Auditoría Superior de la Federación, en todos los Cendis y Cadis — que son promovidos por asociaciones civiles afiliadas al PT— se cobran cuotas anuales a los miles de alumnos atendidos, que van entre mil y dos mil 500 pesos mensuales.
Una primera aproximación al negocio educativo que maneja la familia de Alberto
Anaya supone que si en cada uno de los centros educativos existiera un promedio de cien alumnos, las utilidades superarían los 20 millones de pesos al año.
Eso sin contar con los cientos de millones de pesos que anualmente desvían a las arcas del PT los gobiernos estatales de aquellas entidades en donde se han instalado los Cendis y los Cadis.
Por eso —porque el fraude ya era de escándalo—, a partir del mes de agosto pasado la Seido, de la PGR, investiga a distintos líderes del Partido del Trabajo —especialmente a la esposa de Alberto Anaya— por el presunto desvío de 100 millones de pesos durante 2017, solo en el gobierno de Nuevo León.
Pero la investigación se extenderá a los 18 estados del país en donde florece el negocio familiar de Alberto Anaya y en donde el modelo del “partido negocio” que inventó
Carlos Salinas —y del que se beneficia AMLO— se repite de la misma manera que en Nuevo León. Por eso se calcula que la defraudación podría ser de miles de millones de pesos.
¿Lo dudan? Por ejemplo, en Puebla, en el último año del gobierno de Rafael Moreno
Valle se destinaron casi 100 millones de pesos para construir seis Cendis.
En Durango, fondos federales destinados a la educación siempre han caído en los bolsillos del Partido del Trabajo, especialmente en los Centros de Atención y Desarrollo Infantil.
En efecto, el PT salinista es la verdadera “mafia del poder” de la que se beneficia AMLO.