Giran orden de aprehensión contra responsable de obra del Rébsamen
Juan Apolinar Torales Iniesta niega haber otorgado el aval para la ampliación del colegio
Un juez de control giró una orden de aprehensión contra el Director Responsable de Obra (DRO), Juan Apolinar Torales Iniesta, encargado de supervisar las obras en el colegio Enrique Rébsamen, el cual colapsó en el terremoto del 19 de septiembre.
El imputado supervisó la ampliación de la construcción y autorizó el funcionamiento del plantel educativo, en el cual murieron 26 personas, 19 de ellas estudiantes menores de edad.
La procuraduría capitalina, que encabeza Edmundo Garrido Osorio, lo acusa por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de directores de obra.
De acuerdo con los peritajes efectuados en el colegio, localizado en la colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, las obras que se añadieron en el cuarto nivel del inmueble ocasionaron el desplome.
Con base en las pruebas que presentó el Ministerio Público, un juez de control determinó liberar la orden de aprehensión contra Torales Iniesta.
MILENIO entrevistó el pasado 12 de octubre a Torales Iniesta, quien se deslindó de cualquier responsabilidad tras el colapso de la estructura.
Negó haber otorgado el aval para la ampliación del colegio, como señaló la procuraduría, pues aseguró que fue en abril de este año cuando tuvo su primer contacto con la dueña y directora del colegio, Mónica García Villegas, quien lo contrató para realizar solo el visto bueno de Seguridad y Operación, un trámite que se debe ingresar ante la delegación como parte del plan interno de Protección Civil.
El ahora imputado aseguró no tener nada que ver con la revisión de la estructura del inmueble.
“Yo no verifiqué las condiciones de la construcción. Solo di el visto bueno en seguridad y operación, que consiste en una revisión física del mismo, mas no estructural, y determinar si el inmueble contaba con las medidas para operar, entre ellas: las salidas de emergencia, los sistemas contra incendios, sistemas de alarmas de seguridad y contra sismos”, aclaró.
Afirmó que la revisión de la estructura del inmueble estuvo a cargo de otro DRO, un corresponsable en seguridad, quien tuvo la encomienda de avalar y firmar la constancia.
Según el documento en manos de MILENIO, fue el ingeniero Francisco Pérez Rodríguez quien en julio de 2014 firmó el registro de la constancia ingresada a la ventanilla única de la delegación Tlalpan y que tenía una vigencia de cinco años.
“El documento debe señalar que la estructura está en buen estado. Yo no pude haber dado mi visto bueno sin que me dieran esa constancia de seguridad estructural, pero no es mi trabajo verificar que ésta se haya realizado correctamente. Tendrían que cuestionarle bajo qué condiciones firmó la constancia de seguridad estructural de ese inmueble”.
Torales Iniesta, ahora requerido por la PGJ capitalina, pidió a las autoridades no confundir las atribuciones de los directores de obra, pues las responsabilidades de cada uno son distintas.
Los añadidos que se le hicieron fueron para el departamento de la dueña, Mónica García
Reprochó que su nombre estuviera circulando por los medios de comunicación como responsable de que presuntamente el colegio Rébsamen operara sin tener las condiciones adecuadas. “Le pediría a las autoridades que se verifique a fondo la responsabilidad de cada uno de nosotros como directores responsables de obra. Hay documentos que dicen que yo firmé el último visto bueno de seguridad y operación, pero antes hay otros documentos con los nombres de quienes firmaron por la seguridad estructural y responsables de obra. Exigiría se investigara la responsabilidad de mis colegas en este caso”.
El pasado 25 de octubre se dieron a conocer los resultados de los peritajes efectuados al colegio, los cuales arrojaron que en el cuarto nivel se edificó un departamento con pisos de porcelanato, un material pesado que requiere de estructuras fuertes para soportalo. El piso tenía un peso de aproximadamente una tonelada.
Los añadidos que se le hicieron al cuarto piso del edificio administrativo fueron para el departamento de la dueña del colegio, Mónica García Villegas, sobre quien pesa una orden de captura, la cual hasta la fecha no se ha cumplido.