Sindicato acusa despido ilegal de 80 empleados
El ayuntamiento de Tehuacán despidió a 80 empleados, sin que exista un fundamento jurídico o procedimiento administrativo, por lo que se incurre en un abuso de autoridad y una “represalia”, señaló la secretaria General del Sindicato de la Comuna, Ivonne Morales Luna, quien afirmó que los 350 trabajadores afiliados a la representación atraviesan por un “momento crítico”. Además, informó que la situación fue notificada al secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto.
La dirigente del sindicato señaló que la medida de las autoridades municipales responde al fallo en su contra, emitido por el Tribunal Laboral del Estado de Puebla, sobre el embargo de dos cuentas bancarias para saldar el adeudo a 38 trabajadores jubilados y pensionados, por la cantidad de 10 millones 300 mil pesos, desde 2014.
La medida del gobierno municipal responde al fallo de embargo en su contra: Morales Luna
Morales Luna indicó que el ayuntamiento viola la cláusula 12 del Contrato Colectivo de Trabajo, la cual especifica que cuando se tengan vacantes definitivas o temporales en las plazas de los trabajadores, “serán exclusivamente cubiertas por el sindicato”. Expuso que existen documentos en el poder del Tribunal Laboral y de Arbitraje en el estado, donde se avala el compromiso de la alcaldesa, Ernestina Fernández Méndez, para saldar los adeudos a los sindicalizados, sin embargo, se ha negado a cumplir con el contrato.
Morales Luna recordó que el sindicato realizó un emplaza- miento a huelga el año pasado, el cual también está firmado por la alcaldesa y el secretario del Ayuntamiento, José Honorio Pacheco Flores, así como otros funcionarios municipales.
Síndico rechaza embargo
El síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, rechazó los embargos a las cuentas del ayuntamiento, incluso, indicó que la medida no tiene repercusiones en el gobierno municipal.
La secretaria del sindicato señaló que el recurso se puede aplicar, no obstante, es una medida que los magistrados ya ejecutaron para inmovilizar las cuentas bancarias y garantizar el pago al personal.