El Seguro Popular se va a quedar sin médicos para Navidad

Esta semana, médicos de centros y clínicas del Seguro Popular (SP) de Ciudad de México recibieron un balde de agua fría. Sus contratos ya no eran vigentes, y para seguir laborando en la institución, que trata a la gente más pobre del país, tendrían que firmar una renuncia y después ser recontratados.

Los contratos, según explica gente que trabaja ahí, existen bajo régimen de excepción: muy pocas personas cuentan con nombramiento de base; la mayoría trabaja por honorarios o por plaza de eventualidad. Quien trabaja por honorarios renueva contrato cada tres meses para evitar que se genere cualquier antigüedad o beneficio como en cualquier trabajo. Quien trabaja por eventualidad puede ser despedido de un momento a otro.

En el SP no solo trabajan doctores. Hay enfermeras, personal administrativo, sicólogos y trabajadores sociales: especialistas. Ellos atienden a pacientes sin recursos para acudir a otra institución. Son la última línea de defensa para la población más vulnerable de México.

Según personal de la institución, la amenaza es la siguiente: renovar bajo nuevo esquema —con corte sustancial al aguinaldo— o empacar sus cosas. El motivo aducido: falta de presupuesto para los sueldos.

Quienes trabajan ahí no lo hacen por lucro; son personas con vocación que podrían abrir prácticas privadas si así quisieran.

Como por ejemplo, especialistas en VIH, que atienden a sexoservidores, a gente con problemas de drogadicción, a personas sin techo. Les dan medicamento, orientación y tratamiento sin costo. Algunos incluso llevan sus propios instrumentos: a veces no hay ni algodón para limpiar heridas, mucho menos antibióticos.

Hoy, 17 de noviembre, es la fecha límite que les dieron para firmar contrato nuevo. No quedará de otra: de lo contrario, sus pacientes, la gente que más los necesita, corren riesgo de muerte. Porque para ellos no hay dinero. Para conciertos y desfiles sí.

Y doctores, enfermeras, trabajadores sociales tendrán que sacrificarse, una vez más, por culpa de un gobierno que no los valora.