Plantea el Frente gobierno conjunto, sin “mimetizarse”
Delinean cambios constitucionales para buscar un cambio de régimen y de combate a la corrupción; revisarán el alza en las gasolinas y que los informales paguen impuestos
El Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tiene listo el proyecto de plataforma electoral que será votado este fin de semana en sus consejos nacionales para convertirse en una coalición rumbo a 2018 con la que buscarán ganar la Presidencia y formar un gobierno conjunto, pero sin “mimetizarse, ni renunciar a su historia y principios”.
El documento delinea los cambios constitucionales con los que buscan un cambio de régimen y de combate a la corrupción, pero deja fuera temas como el aborto, matrimonios igualitarios, sociedades de convivencia y uso medicinal de mariguana.
La plataforma electoral impulsará “modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema presidencialista vigente”, revisará el alza en las gasolinas y promoverá ampliar la base de contribuyentes incorporando al régimen fiscal a los sectores informales de la economía. Andrés Manuel López Obrador aseguró que muchos panistas honestos se están uniendo “a la causa de la justicia y de la auténtica democracia”, al integrarse a las filas de su movimiento. El líder de Morena hizo un llamado a militantes de otros partidos para que hagan lo mismo al señalar que todos tienen cabida. En un video difundido en sus redes sociales, presentó a Celida Teresa López, diputada local de chihuahua, quien renunció al PAN para integrarse a Morena. Aunque el proyecto de plataforma —que será votado en cada uno de los consejos nacionales de los partidos del Frente este fin de semana— no aborda temas como el uso medicinal de la mariguana, sí precisa que impulsará “un amplio programa nacional de prevención y reducción de riesgos en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas”.
Además de “garantizar la calidad de los servicios públicos en materia de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños”.
El documento, de 48 páginas, contiene cinco capítulos. En el primero aborda “la transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana”; el segundo se dedica a “el combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad”; el tercero, a “la pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas”. “A la necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad” se refiere el cuarto capítulo y el quinto “al fortalecimiento de la posición de México en el mundo”.
PAN, PRD y MC pretenden sustituir el sistema presidencial “por uno que garantice la participación de la sociedad en los temas trascendentes para el país” y buscará quitar a Gobernación las tareas de seguridad con “el rediseño” en el sistema nacional de Seguridad Pública a través de “una nueva instancia de seguridad ciudadana”.
El titular de Gobernación fungirá como “jefe de gabinete” y será propuesto por las fuerzas políticas distintas a las del Presidente.
“También revisará y reglamentará los alcances de la participación de las fuerzas armadas en sus tareas contra la delincuencia organizadas y las que realizan para preservar la seguridad interior.”
Los partidos se dicen comprometidos a “vigilar que la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República se haga sin pase automático para que sea una institución “autónoma, apartidista, capaz e independiente y que cuente con mejores herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus funciones”.
También propone inhabilitación de “por vida” para el funcionario corrupto, es decir, que queden impedidos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales a través de un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.
Así como eliminar la prescripción de delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita y “prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios, de los organismos constitucionales autónomos y de los sindicatos, así como “de personas privadas vinculadas a entes públicos por cualquier causa”.