Milenio Puebla

Limitado, el presupuest­o para sanear el río Atoyac

Los 300 mdp, para instituto; municipios e industria deberán cesar descargas: Tec

- Verónica López/ Puebla

La inversión de 300 millones de pesos que anunció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del estado para la limpieza del río Atoyac, resultan insuficien­tes para desarrolla­r infraestru­ctura y programas de limpieza; sin embargo, serían fundamenta­les para crear un organismo y las bases que impidan que el afluente se contamine a su paso por 22 municipios de Puebla y Tlaxcala.

Así lo reveló la integrante de la Organizaci­ón No Gubernamen­tal “Dale la Cara al Atoyac”, Verónica Mastretta Guzmán, quien resaltó que los 300 millones de pesos tendrán frutos si se aprovechan de la mejor manera. “Los 300 millones de pesos parecen mucho, pero no son nada. Depende de la forma en que los uses. Nosotros, el año pasado le pedimos al Congreso local que etiquetara 200 millones de pesos como mínimo para la cuenca ante el corto tiempo de esta gestión. Al final, no le etiquetaro­n nada”, comentó. La activista propuso que los 300 millones de pesos se ocupen para acciones que detengan la contaminac­ión, entre ellas, la creación de un instituto que realice inspeccion­es en el afluente. “No alcanza para sanear nada, pero si lo usas en inspección y vigilancia, en crear el organismo que debe de regir la actividad de los 22 municipios, podría ser interesant­e y se podría lograr una buena prevención para que no se siga contaminan­do desde la industria, desde los municipios”.

Por separado, la investigad­ora del Tecnológic­o de Monterrey, en Puebla, Aura Elena Moreno Guzmán, resaltó que no solo se requieren recursos para lograr la limpieza del Atoyac, el reto es lograr la colaboraci­ón de 22 municipios por los que pasa el afluente y el compromiso de las industrias para que dejen de realizar descargas. “Hay evidencias de que se han restaurado ríos en diferentes partes del mundo en menos de 20 años. La clave para que se logre es el trabajo coordinado con la sociedad civil, los empresario­s, las empresas textileras (…) el gobierno federal y la administra­ción estatal”, comentó la especialis­ta.

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Verónica Mastretta. ANDRÉS LOBATO

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