No creo en Dios, pero que nos agarre confesados

No hay peor crisis en México desde hace años que la que aglutina la ausencia de estado de derecho; la ineficacia, poca preparación, falta de financiamiento, vulnerabilidad y corrupción de las policías locales, federales y fuerzas armadas en la prevención y el combate al crimen; el desastre de las procuradurías estatales y la federal en la investigación y consignación de los delitos; los tribunales sobrepasados, algunos cooptados, otros extorsionados, otros simplemente inútiles, con un marco legal abigarrado, sin orden ni claridad en competencias.

Nuestra tragedia violenta no es una casualidad: es el resultado directo, lógico de todo esto.

Y ahí están los números. Y ahí está nuestro pasado reciente, y los múltiples diagnósticos y propuestas de estrategias y observatorios y conteos y reportes de incidencia.

Y están algunos ejemplos de buenas prácticas que la politiquería ha destruido —véase Nuevo León o Baja California— y ahí están nuestros índices de letalidad, y nuestros índices de impunidad y el número de desaparecidos y nuestra crisis de derechos humanos. Y los fondos federales para la seguridad pública y el nuevo Sistema de Justicia Penal se redujeron a la mitad en los últimos dos años. Aquí estamos. Así estamos. Y quienes nos gobiernan o nos quieren gobernar han puesto en la mesa un par de propuestas: el candidato líder en las encuestas quiere analizar una amnistía, que por fuerza implica una negociación, a líderes de la delincuencia.

El partido en el poder y mayoritario en el Congreso apura una ley que, en su espíritu, apuesta a que sean las fuerzas armadas quienes sigan lidiando con el problema, con todo lo que esto significa.

Hay suficiente evidencia, documentos y análisis, tanto de personas como instituciones que llevan toda la vida estudiando estas cosas, para decir que ambas ideas son, por decir lo menos, un despropósito. Y que en ninguno de los casos colaboran a terminar con la violencia que consume tantos municipios y estados en el país.

En el caso de la ley de seguridad interior, la CNDH y la ONU, que a alguien le deberían importar, han pedido volver a revisar lo que se está haciendo antes de aprobar. A nadie le importa.

Y como si esto fuera poco, los secretarios de la Defensa y de la Marina se ponen a discutir con un candidato de oposición en tiempos electorales. Esto apenas comienza. No creo en Dios, pero que nos agarre confesados.