ONU: la iniciativa carece de mecanismos de control
Rechazan la legislación porque no prevé actividades de inteligencia con la debida supervisión civil y judicial, y la falta de transparencia
Grupos de trabajo y expertos de la Organización de las Naciones Unidas llamaron al Estado mexicano a rechazar el proyecto de ley de seguridad interior, con el argumento de que “carece de mecanismos sólidos de control que garanticen operaciones con pleno respeto de los derechos humanos”.
Se dijeron preocupados de que con la iniciativa que se discute en el pleno del Senado se otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles. “No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de seguridad nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.
“El creciente papel de las fuerzas armadas, en ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas, puede provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se les asignó un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, resaltaron.
Los especialistas reiteraron que el proyecto es ambiguo en ciertos puntos y contiene una defi nición excesivamente laxa de las situaciones en que las au- toridades pueden usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.
Consideraron que es muy alarmante que “una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”.
El grupo dijo estar consciente del enorme desafío que enfrenta México en materia de seguridad, por eso consideró que cualquier nueva ley de seguridad debe hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles.
También señaló la urgencia de prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Los expertos recordaron que los mecanismos de la ONU han recomendado durante años que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros que hayan cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
Recordaron al gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las fuerzas armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.