Si Peña no corrige, acción legal: CNDH
La ley de seguridad abre la puerta a que se vulneren derechos y libertades básicas, insiste
ombudsman en materia de derechos humanos, pues genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas.
El organismo autónomo aclaró que respeta la determinación del Poder Legislativo, pero reiteró que “la preocupación es que el contenido de la ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos”.
Por ello, la CNDH atiende el llamado de organizaciones civiles que revisan la constitucionalidad y convencionalidad de la ley de seguridad y, en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre esta, presentará la medida.
También hizo hincapié sobre la oportunidad que se desaprovechó para lograr que el proceso de la discusión legislativa se llevara a cabo en un espacio de reflexión y construcción, “donde no solo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”.
Insistió en que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país debe emprenderse bajo un enfoque integral, “partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, y se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas. “Además del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles”, criticó. La CNDH tiene legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, con base en el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Carta Magna.
Expresamente dispone que cuenta con atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad de normas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.