Dictan recomendación por linchamiento de Ajalpan
La recomendación es revisada por la Consejería Jurídica, pero la administración ha dado seguimiento a los puntos: Carrasco
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador, Antonio Gali Fayad, y a los integrantes del Ayuntamiento de Ajalpan, por no adoptar a tiempo las medidas necesarias para evitar el linchamiento de dos jóvenes encuestadores por parte de pobladores del señalado municipio.
Por la omisión de las autoridades, según la recomendación 78/2017, se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida de las víctimas.
Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2015, cuando dos hermanos, quienes trabajaban para una empresa encuestadora, realizaban en Ajalpan un estudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz.
La actividad resultó sospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaron la presencia de la Policía Municipal, esparciendo el rumor de que se trataba de “secuestradores de niños”.
Los habitantes mostraron actitudes de violencia y manifestaron su intención de lincharlos. Los jóvenes fueron trasladados en una patrulla a la comandancia en el Palacio Municipal, hasta donde llegaron los pobladores para golpearlos y prenderles fuego.
En tales hechos, también resultaron policías lesionados y se reportó el robo de armamento oficial y daños a la Presidencia Municipal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició de oficio el expediente 6531/201, en tanto, tras concluir la investigación, la CNDH constató la omisión de la autoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de municipios aledaños y a la Policía Estatal.
El documento expone que no se adoptaron a tiempo las medidas necesarias y pertinentes para la protección de las víctimas, lo que trajo como resultado la pérdida de dos vidas, entre otras observaciones.
La CNDH pidió al gobierno de Puebla y al Ayuntamiento de Ajalpan realizar la inscripción de los familiares de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), a fin de que accedan en lo conducente a la reparación integral del daño.
Asimismo, pidió colaborar con el seguimiento de las denuncias y quejas que se presenten ante la Secretaría General del Congreso, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Contraloría y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
El secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, indicó que la recomendación es revisada por la Consejería Jurídica, sin embargo, la administración ha dado seguimiento a cada uno de los puntos específicos, pues desde 2017 se puso en marcha el protocolo de búsqueda de soluciones pacíficas, así como acciones de coordinación, y se asumirá el compromiso de integrar el fideicomiso para garantizar los estudios de nivel superior del hijo de una de las víctimas, y trabajos de armonización en materia legislativa.