Cambian de penal a dueño de Dina; teme por su vida
El empresario Manuel Samuel Castro cumple seis años preso y sin recibir sentencia; lo acusan de asesinar a un obrero sindicalista
Manuel Samuel Castro Mercado, dueño de Pacific International Development Inc. USA Imports (antes Dina Autobuses), denunció que tiene temor de sufrir un atentado, luego de que un juez del fuero común de Hidalgo ordenó su traslado a otro penal, pese a contar con un amparo.
MILENIO dio a conocer el caso de Castro, quien cumple seis años preso sin recibir sentencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos descubrió “un aleccionamiento o preparación” por parte de los testigos que acusaron de homicidio a Castro, mientras que el resto de las personas detenidas se inculparon.
Durante el desarrollo del juicio, Miguel Vázquez, ex tesorero del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz, declaró el 10 de febrero de 2014 que el líder del mencionado gremio, Artemio Vázquez, lo presionó para involucrar a Castro en el homicidio del sindicalista Josué Matilde Cotonieto Sánchez.
El ex tesorero también reveló que Vázquez ya había fabricado acusaciones contra otros empresarios que en el pasado adquirieron la compañía de la que hoy es dueño Castro Mercado.
A través de un comunicado enviado a MILENIO, Castro Mercado señaló que el juez penal de Pachuca, Porfirio Cruz, ordenó su traslado del Cereso al de Apan, motivo por el cual tiene miedo de que “se atente en contra de mi integridad física”.
“A seis años de iniciado el proceso en mi contra, sin ningún tipo de pruebas y con testimonios de oídas, el juez extrañamente se dio cuenta que era ilegal que en 2012 se me hubiera trasladado e iniciado proceso en el distrito judicial de Pachuca, cuando el crimen del que se me quiere inculpar se perpetró en el distrito judicial de Apan. (El traslado) “tiene como fin que me pase un accidente o que me suiciden”, señala “El juez en lugar de decretarme libertad inmediata con base en una recomendación emitida en septiembre de 2014, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la VGJ -426-2 decretada por la Comisión de los Derechos Humanos de Hidalgo, en las cuales ambos organismos reconocen violación al debido proceso y falsificación de pruebas por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia a cargo en aquel entonces por Alejandro Straffon Ortiz, premiado por el ex gobernador Francisco Olvera con una notaría pública, ahora quiere reiniciar todo el proceso bajo el pretexto de subsanar las irregularidades que cometió su antecesor Ciro Juárez González, quien se caracterizó por ser un juez de consigna”, señaló el empresario . Castro aseveró que la intención de enviarlo al Cereso de Apan, considerado como uno de los más peligrosos de la entidad, “tiene como fin el que me pase un accidente o que me ´suiciden´, como ocurre en aquellos casos en que la procuraduría no tiene ningún argumento legal para mantener a inocentes encarcelados”.