Una novela criminal: retrato de una justicia simulada
A l voltear la última página de Una
novela criminal —por la que Jorge Volpi recibió el Premio Alfaguara de novela 2018— queda en el lector una sensación de pesadumbre, una desazón de saber que lo narrado, por increíble que parezca, realmente ocurrió.
En una época en que la cotidianidad de las ejecuciones, desapariciones, secuestros, torturas y falsas incriminaciones parece habernos inmunizado contra el asombro, Volpi encuentra la manera de devolvernos la capacidad de indignación, de hacernos apreciar, desde la belleza literaria, una realidad que nos deja con un hoyo en el estómago y en el corazón.
A través de esta novela sin ficción —basada enteramente en los expedientes judiciales relacionados con el caso Florence Cassez, así como reportajes periodísticos y entrevistas con los involucrados—, el autor nos envuelve en una trama de crimen y poder, que nos lleva por cárceles, sitios de tortura y casas de seguridad, al igual que por reuniones entre diplomáticos, políticos y mandatarios. Sobre todo, nos acerca a los muchos dramas de esta historia: el de las víctimas de secuestro, cuyos casos nunca fueron realmente investigados; el de quienes fueron torturados y obligados a autoincriminarse y el de quienes perdieron años de su vida en prisión.
Y así, a través de esta secuencia de imágenes del pasado, lo que emerge es el crudo retrato de un sistema de justicia basado en la simulación, en el que cualquiera puede convertirse, de un momento a otro, en el culpable designado.
En el caso de Florence Cassez, como en tantos otros, nunca importó la verdad, nunca importaron las víctimas; solo importó aferrarse a una versión preestablecida de los hechos y sostenerla a costa de todo. De no haber sido por el descubrimiento periodístico del montaje televisivo y la notoriedad que adquirió el caso a partir de las tensiones diplomáticas que suscitó entre México y Francia, este hubiera sido un abuso más. Uno entre miles.
La narrativa oficial impuesta desde el montaje mediático —la novia extranjera del secuestrador que necesariamente estaba al tanto de las actividades de su pareja— quedó a tal grado arraigada en nuestra sociedad, que la sentencia de la Suprema Corte que ordenó su liberación ha sido de las más ferozmente criticadas y condenadas por la opinión pública.
Y sin embargo, esta sentencia constituyó un verdadero parteaguas en el entendimiento de la justicia penal. A partir del fallo de la Corte entró en el lenguaje cotidiano el concepto del debido proceso como único instrumento legítimo para la persecusión de los delitos y comenzó a darse pleno sentido a la idea de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, a través de un proceso en el que se respeten sus derechos y en el que se demuestre con pruebas lícitas, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad.
Tanto antes como después del caso Cassez, la Corte ha liberado reos por violaciones al debido proceso, pero fue a partir de ese momento que cobró visibilidad la trascendencia de combatir el crimen con los métodos de la democracia, y sólo con éstos.
Las batallas por los derechos no siempre son populares. Especialmente en el tema del combate al crimen se tocan fibras sensibles cuando se habla de las garantías del proceso penal, las que muchas veces se ven como contrapuestas a los derechos de las víctimas. No obstante, el papel de los jueces es el de enfrentarse a los discursos que pretenden negar a cualquiera el pleno goce de sus derechos. El papel de los jueces es recordar que el fin no justifica los medios.
En este sentido, lo que la sentencia del caso Cassez representa es la defensa de una nueva idea de justicia. Una justicia en la que lo importante no es que alguien pague y que las cárceles estén llenas de inocentes confesos bajo tortura. Justicia es que las víctimas puedan saber la verdad de lo que les sucedió, que se les repare el daño que sufrieron y que los culpables cumplan su pena.
Se requiere la voluntad firme de no seguir utilizando a los marginados de este país como piezas intercambiables en la ficción de que somos un país de instituciones. La sentencia de la Corte es un precedente para todos los mexicanos, porque todos podemos ser el culpable designado.