Para no la pena capital a
“No quiero irme en siete años sin resolver el problema”, dice el presidente
Donald Trump presentó su plan de lucha contra los opiáceos, causantes de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, y reiteró su disposición a alentar el uso de la pena de muerte contra algunos traficantes de drogas.
Pero más allá de su resonancia, su anuncio puede quedarse en la fase de mera exhibición política, pues su implementación, su alcance y su eficacia son objeto de muchas dudas. “Si no somos duros con los narcotraficantes, estamos perdiendo el tiempo (...) y esta dureza incluye la pena de muerte”, afirmó en Mánchester, Nueva Hampshire. “Quiero ganar esta batalla, no quiero irme en siete años sin que este problema esté resuelto”, agregó, refiriéndose a un posible segundo mandato a la presidencia. La dependencia a los opiáceos, una verdadera crisis de salud pública en EU, fue colocada en un lugar prioritario por Trump.
En 2016, el país registró unas 64 mil muertes por sobredosis, la mayoría de ellas relacionadas con opiáceos. Esta categoría de estupefacientes incluye a los analgésicos bajo prescripción médica como el oxycontin y el fentanilo, así como la heroína, a menudo mezclada con sustancias sintéticas. “El Departamento de Justicia solicitará la pena de muerte contra
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, calificó de “hijo de perra” al embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, términos que la Casa Blanca rechazó al considerarlos “insultos inadecuados”. El cruce de declaraciones se produce en un momento en que crece la tensión entre la dirigencia palestina y el gobierno del presidente Donald Trump. “El embajador de Estados Unidos en Tel Aviv es un colono y un hijo de perra”, dijo Abas durante una reunión con líderes palestinos en Ramala.
Friedman asumió la embajada en mayo de 2017, precedido por la polémica debido a su postura en favor de la colonización que lleva adelante Israel en territorios palestinos. También ha sido un ardiente defensor del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y del traslado de la embajada de EU a esa ciudad. En Washington, el consejero del presidente Trump, Jason Greenblatt, dijo en un comunicado que “llegó el tiempo para el presidente Abas de elegir entre la retórica de odio y concretar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de su pueblo, y liderarlo en el camino de la paz y la prosperidad”. Para Abas, “retórica de odio” es reconocer a Jerusalén como capital de Israel. los traficantes de droga siempre que sea posible según las leyes existentes”, dijo a su vez la Casa Blanca, sin especificar más.
La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció inmediatamente las propuestas, que calificó de “absurdas”, y destacó que la Corte Suprema había “rechazado regularmente el uso de la pena de muerte en los casos en los que la persona acusada no fuera culpable de asesinato”.
El plan de la Casa Blanca también espera “reducir la demanda” de opiáceos con la educación y la lucha contra la prescripción excesiva. Asimismo, prioriza la necesidad de “ayudar a quienes luchan contra la adicción”. Según un informe de la ONG Harm Reduction International, EU es uno de los 30 países donde la ley establece la pena de muerte para ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Pero solo siete, incluidos China, Irán, Arabia Saudita, Singapur e Indonesia, recurren a ésta con frecuencia.
Si bien reconoció que era posible que EU no estuviera “preparado para eso”, Trump puso el ejemplo de los países que usan la pena capital y consiguen, según dijo, resultados convincentes contra este “flagelo”. “Yo viajo y pregunto: ¿cómo manejas los problemas con las drogas?”, relató el presidente. “No tenemos un problema de drogas”, continuó, recreando la conversación que usó de ejemplo.
-“Tenemos una tolerancia cero para los vendedores de drogas.” -“Pero, ¿a qué te refieres?” -“Tenemos la pena de muerte”. Pero la idea de exigir la pena de muerte contra algunos traficantes dista mucho de contar con el apoyo unánime en la clase política de EU. “No resolveremos la crisis de los opiáceos con encarcelamientos y ejecuciones”, advirtió el senador demócrata de Massachusetts, Ed Markey. “Las propuestas extremas como el uso de la pena de muerte solo perpetúan el estigma de infamia asociado con el uso de opiáceos y son una distracción del debate necesario sobre (...) las iniciativas de salud pública indispensables para salvar vidas”, estimó.