Todos los candidatos omiten declarar 3de3
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Hasta el momento, ninguno de los candidatos al gobierno del estado, al Senado, a las diputaciones locales y federales, ni a las alcaldías, han presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, mejor conocida como #3de3.
De acuerdo con la plataforma, los únicos políticos que subieron su declaración patrimonial y participarán en estas elecciones, son Lucero Saldaña Pérez, quien ocupa la posición número uno en la lista de representación proporcional de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y José Juan Espinosa, que busca la diputación local por el distrito 20, no obstante, sus documentos fueron publicados en 2015 y 2016, respectivamente.
En la página de la iniciativa #3de3 también se encuentra la declaración patrimonial, fiscal y de intereses del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Giles Carmona, pero también fue publicada en 2016, por lo que no está actualizada, como las otras.
Aunque los diputados locales que ahora buscan un cargo federal debieron presentar su declaración patrimonial durante su gestión, ésta se encuentra a resguardo de la Auditoría Superior del Estado y es privada, por lo que no se conoce a cuánto ascienden sus bienes desde que fueron electos y ninguno de los 17 que han solicitado licencia para contender por un cargo hicieron públicos los recursos con los que cuentan.
Por otra parte, presentaron su licencia seis funcionarios estatales para competir por un cargo de elección popular y aunque cada año los servidores tienen que presentar su declaración patrimonial, en el sitio web de transparencia sólo se encuentra un documento simple con el listado de propiedades y cuentas bancarias, pero no se detalla el valor de las mismas.
También se encuentra la declaración de Jesús Giles Carmona, pero fue publicada en 2016
En la elección pasada, los cinco candidatos a la gubernatura del estado publicaron su declaración patrimonial en el periodo de campaña, la presentación de estos documentos generó algunos ataques entre los abanderados, pues entre unos y otros aseguraron que en los documentos no se publicaba el valor real de las pertenencias ni todas las propiedades, incluidas las de familiares.
Con las reformas a la Ley de Servidores Públicos y la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción, los funcionarios de todos los niveles deben presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses ante los órganos internos de control de las instituciones en las que se desempeñen, sin embargo, pueden no hacer públicos los datos que consideren que afectan su vida privada, así se asentó desde la legislación federal.