Negociar con los narcos
Desde el punto de vista religioso siempre habrá espacio para el perdón, no así en la civilidad que parte de la premisa de que quien ofende a la sociedad por un delito debe ser objeto de sanción
Eobispo de la diócesis ChilpancingoChilapa, Salvador Rangel Mendoza, se reunió en días pasados, en un lugar de la sierra, con un líder criminal a quien agradeció haber devuelto la luz eléctrica y el agua a un pueblo serrano. Allí, según las palabras del obispo, le hizo la petición de que no hubiera más asesinatos contra candidatos. Las expresiones del religioso han provocado reacciones, incluso el apoyo del candidato presidencial López Obrador, quien también en Guerrero se ha pronunciado por un acuerdo o negociación con los líderes criminales para terminar con la violencia.
Aunque tiene implicaciones legales no menores el encuentro con criminales, se puede entender esta acción por un sacerdote en la búsqueda de la paz. En el caso concreto, la jerarquía que ostenta el interlocutor es un mensaje en sí mismo. Allí operan las bandas delictivas más crueles y violentas de Guerrero y quizá de todo el país. En muchas zonas de la región se ha impuesto la ley de los criminales con todo lo que implica. El encuentro se entiende como una medida desesperada frente a la impotencia por la ausencia de autoridad y la violencia que esto provoca.
A la distancia se puede suponer que lo correcto es el diálogo; la prédica no viene del obispo, sino de un líder político que lleva ventaja en las intenciones de voto para presidente de la República. También, a la distancia, la idea es irrefutable. Lograr que por las buenas los malos cedan en sus negocios, intereses y posesiones. Es una manera alternativa a lo que corresponde y es obligado: hacer valer la ley y llevar a la justicia a quien ha asesinado, robado, violado y secuestrado.
Los grupos criminales no tienen motivaciones políticas o sociales. Tampoco forman una corriente con intereses comunes, sino justo lo contrario. De hecho la mayor parte de la violencia viene de la competencia entre ellos mismos y la disputa por territorios, mercados y rutas. Es una batalla que se libra con extremos de crueldad porque se trata de intimidar e inhibir al contrario. No conoce de límites. Las familias de los criminales suelen ser parte del exterminio y de medidas ejemplares, como ocurrió ostensiblemente hace seis años en Allende Coahuila. También la población civil es objeto de agresión más allá del fuego cruzado, allí está la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa.
Que un religioso opte por la vía pacífica y la prédica de concordia es lo esperado. Que lo haga un político y más uno que pretenda gobernar sobre esa base es un despropósito; es no entender sus responsabilidades y el sentido de justicia y de legalidad a la que está sujeto todo gobernante. Aplicar la ley no es opción, es la premisa sobre el desempeño. Optar por ese camino en sí mismo es la declaración de derrota de la sociedad contra el criminal y es un acto de permisividad a la barbarie que se ha impuesto.
El perdón no corresponde a los políticos sino a las víctimas. Habría que tenerlas presentes antes de ofrecer impunidad a cambio de buena fe. Desde el punto de vista religioso siempre habrá espacio para el perdón, no así en la civilidad que parte de la premisa de que quien ofende a la sociedad por un delito debe ser objeto de sanción. No hacerlo así es avalar precisamente lo que está ocurriendo: la violencia nace de la impunidad, de la ausencia de autoridad, de la incapacidad para llevar a la justicia a quien la hace.
Fuera del dogma o principio de que nadie fuera de la ley está el asunto de eficacia. Esto es que, frente a la incapacidad del Estado de hacer valer la ley y así garantizar la vida y los derechos de las personas y las familias, se supone que la negociación con los criminales sería el medio para alcanzar la tan anhelada paz pública. Sin embargo, si se entienden las causas se puede actuar sobre las soluciones. Sobre el crimen en general y más el asociado al narcotráfico hay una economía en dos sentidos. Primero, una actividad con altos beneficios y bajos costos o riesgos precisamente por la impunidad. Segundo, una poderosa demanda de drogas que lleva a un muy rentable negocio que lo mismo incluye mercados, comercio, lavado de dinero y cadenas productivas en la que hay una amplia complicidad social, en la que participan comunidades, campesinos, transportistas, empresarios, políticos y distribuidores. Esto a su vez conlleva el desarrollo de un blindaje de la actividad criminal que incluye la compra de protección a autoridades y un ejército de sicarios para actuar de manera preventiva y correctiva.
Actuar con ingenuidad es el peor de los caminos. Para ser eficaz se deberá entender al interlocutor y lo que lo mueve en su actividad criminal.
Para ser eficaz se deberá entender al interlocutor y lo que lo mueve en su actividad criminal