Pobreza y honestidad no son sinónimos
Si la corrupción ocupa el centro del debate público porque de ella nacen y se nutren las demás injusticias nacionales, resulta indiscutible el derecho de los electores de conocer el pasado de los candidatos a cargos de elección, y es explicable que algunos de ellos lleguen al extremo de hacer alarde de honestidad, aunque su trayectoria los desmienta.
Toda información veraz que recibamos los votantes, provenga de los interesados o de terceros, será indispensable para decidir responsablemente. Por eso han surgido propuestas ciudadanas que terminan en exigencias para funcionarios y candidatos, como la llamada Declaración 3 de 3 (declaración patrimonial, fiscal y conflicto de interés), lo que significa un avance importante pero insuficiente. Para el veneno hay contra-veneno, y no pocos han sido tramposos con declaraciones tan falsas como risibles y ofensivas para la sociedad.
Tal vez por ello el candidato presidencial priista reta a sus adversarios a pasar de la Declaración 3 de 3 a una 7 de 7, incorporando dictámenes de contadores públicos, certificaciones notariales y algo más. A ver si otro no lo desafía con una 15 de 15 u otra de 20 de 20, para que la mata siga dando.
No, señoras y señores, lo que sucede es que México continúa anclado en un pasado que los países desarrollados dejaron atrás. Me refiero a la falsa disyuntiva de rendir culto a la riqueza o rendirlo a la pobreza. No entendemos que ambas opciones son perversas y por ello degradantes. La primera, por impulsar al ser humano a acumular bienes materiales a costa de lo que sea, así implique atropellar a los demás, sin espacio para la solidaridad ni la justicia; la segunda, porque eleva a los ineptos y mediocres, a los haraganes y malvivientes, a los viciosos y mantenidos, a los resentidos que no reconocen más ley que la propia; para éstos el talento, el estudio y el esfuerzo son despreciables.
Ambas desviaciones del pensamiento y de las conductas dividen y confrontan inevitablemente a las sociedades, haciendo imposible el imperio de la ley y dar paso a la justicia y el progreso. Por mí, que publiquen Declaraciones 50 de 50, pero hay algo importante e intocado: ¿qué, la sociedad no tiene derecho de conocer, además del origen del patrimonio de sus candidatos, las CONDUCTAS CRIMINALES en las que hayan incurrido como funcionarios públicos, así como las de sus acompañantes y equipos? ¿Por qué, además de declaraciones patrimoniales, no se discuten hechos y pruebas de posibles responsabilidades en el desempeño de sus cargos públicos ejercidos, sean por omisión, encubrimiento o ineptitud, que la ley tipifica como delitos?
Llegó el tiempo de decirles a los que buscan cargos públicos: NO BASTA CON OSTENTARSE COMO POBRES PARA TENERLOS POR HONESTOS.