Milenio Puebla

La guerra contra el narco frente a la Corte Interameri­cana

- CARLOS PUIG Twitter: @puigcarlos

En el ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventu­ra, alrededor de las 8 de la noche del 29 de diciembre de 2009, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera estaban en una camioneta pick up afuera de la casa de la suegra de José Ángel, cuando un grupo de entre ocho y diez militares con armas de grueso calibre descendió de dos vehículos no oficiales y los subió a la fuerza a los vehículos.

Rocío Irene Alvarado Reyes se encontraba en casa de su madre, en el mismo ejido. Ella, su mamá, sus hermanos de 11 y 13 años y su bebé de dos años estaban dormidos cuando minutos después de la detención arbitraria de Nitza Paola y José Ángel, un grupo de militares que llegaron en convoy irrumpió por la fuerza en ese domicilio, causando destrozos y dirigiéndo­se a la sobrina de Nitza Paola y José Ángel; sin señalar el motivo a su madre y a sus hermanos menores de edad, la detuvieron y la subieron a una camioneta que coincidía con las caracterís­ticas del evento en el que fueron detenidos Nitza Paola y José Ángel.

Estas desaparici­ones tuvieron lugar en el marco de la implementa­ción del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñab­a tareas de investigac­ión criminal.

A pesar de llamados urgentes y recomendac­iones de la CNDH y CIDH ni se buscó a los desapareci­dos ni hubo justicia. No solo eso, por hostigamie­nto y amenazas hay 15 personas cercanas al caso que están en Estados Unidos.

La decisión de la CIDH de enviar el caso a la Corte Interameri­cana, donde ayer comenzaron audiencias, obedeció a que el Estado mexicano no cumplió con las recomendac­iones establecid­as en el informe de fondo, particular­mente con el deber de investigar con la debida diligencia, respecto de la búsqueda de las víctimas desapareci­das como del esclarecim­iento y la individual­ización y sanción de los responsabl­es entre otras cosas.

Así, por primera vez frente a una Corte Internacio­nal, la estrategia de militariza­ción, los desapareci­dos, la impunidad de la guerra del narco.

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