Ex policías piden se cumplan recomendaciones de la CEDH
Piden justicia por actos de tortura en su contra, y se haga valer la ley en contra de quienes resulten responsables
Ex policías acreditables, exigieron al gobierno del estado, que se cumpla con la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por actos de tortura en su contra, y se haga valer la ley en contra de quienes resulten responsables.
Los ex elementos, Patricia Aguilar Hernández, Efraín Rodríguez Meneses y Jorge López exigieron que se haga cumplir la ley, para castigar a quienes cometieron atropellos hacia su persona, al acusarlos de un delito que no cometieron, y que fue construido por la ex procuradora, Alicia Fragoso y el ex subprocurador Víctor Pérez.
El ex alto mando de la policía estatal, Jorge López, informó que estos dos ex servidores públicos del sexenio anterior que encabezó el priista, Mariano González Zarur, así como un número importante de Agentes de Investigación antes Ministeriales, han sido demandados para que sean investigados y se ejerza acción penal en su contra, por los actos de tortura cometidos en contra de los siete ex policías acreditables detenidos por un delito que no cometieron.
Jorge López, dio lectura a un comunicado en el que consideró que es necesario terminar con la impunidad que prevalece en nuestro país, que la ley se cumpla contra quienes la trasgreden. Tlaxcala necesita de autoridades fuertes que se conduzcan bajo la legalidad y que a su vez la hagan respetar.
Sostuvo que él al igual que sus compañeros detenidos, fueron víctimas de un grupo “desviado”, por lo que reiteró su confianza en las instituciones, más no en quienes las dirigen o se encuentran en ellas, por lo que se preguntó cuántas familias y profesiones han sido destrozadas en la PGJE.
La representación legal de los afectados, manifestó que ahora la PGJE y la Segob, tienen 15 días, para aceptar la recomendación de la CEDH, y a su vez tendrán 15 días naturales para cumplir con las mismas como: reparar los daños físicos; saldar los salarios caídos de dos años; cubrir los gastos médicos por los daños físicos y psicológicos e iniciar un proceso de investigación contra los implicados en los actos de tortura cometidos en su contra.