Desplegará la Fepade 6 mil agentes para cuidar el voto
La fiscalía ha recibido mil 600 denuncias correspondientes al actual proceso electoral
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) alista un gran despliegue ministerial con la participación de 6 mil elementos para garantizar el libre ejercicio del voto durante la jornada electoral del 1 de julio, principalmente en los estados con mayor incidencia delictiva y amenazas de violencia como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Durango.
Así lo confi rmó Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, al admitir que, a diferencia de anteriores contiendas políticas, la violencia es hoy parte del escenario y se “mezcla” con el proceso electoral.
En conversación con el director general editorial de MILENIO, Carlos Marín, en Elasaltoala razón, el funcionario detalló que en el despliegue participarán agentes del Ministerio Público, policías federales y efectivos locales de Seguridad Pública.
Adicionalmente habrá una estrecha colaboración con las secretarías de la Defensa y de Marina, así como con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Díaz detalló que la fiscalía a su cargo ha recibido mil 600 denuncias correspondientes al actual proceso electoral, aunque se espera superar las 3 mil al fi nalizar la contienda.
Precisó que 60 por ciento de las querellas corresponde al delito de “turismo electoral” o cambio irregular de domicilio para ejercer el voto en un lugar distinto al de residencia, mientras otro 20 por ciento de los casos obedece a la obtención de credenciales de elector con información falsa.
Con un porcentaje de efectividad de 80 por ciento, la Fepade consigue alrededor de 150 sentencias condenatorias cada año, aunque al día de hoy acumula 800 órdenes de aprehensión pendientes de cumplir.
El fiscal explicó que la legislación electoral prevé más de 200 tipos penales diferentes y la pena máxima es de 15 años de prisión, la cual se puede ampliar hasta 50 por ciento y llegar a 22 años y medio en casos como el financiamiento de campañas electorales con recursos provenientes de la delincuencia organizada.
Interrogado sobre la probable configuración de un delito electoral por el ofrecimiento de bienes o servicios gratuitos en caso de que uno de los candidatos presidenciales gane la elección del 1 de julio, como ocurre con la llamada #AMLOmanía en redes sociales, Santana puntualizó: “No existe un tipo penal por esos hechos y difícilmente de un hecho futuro de carácter incierto podemos, en un momento dado, establecer si es conducta delictiva, porque todavía no se comete; si el legislador, que es el que hace las leyes, considera que estos hechos futuros de promesas rompen el equilibrio, a lo mejor, puede ser un tipo particular (…), pero eso tendría que regularse, estoy de acuerdo”. Díaz sostuvo que la institución a su cargo ejerce su plena autonomía y sus investigaciones no se someten al “visto bueno” de otras instancias, ni son objeto de algún tipo de presión.
Aclaró que la Fepade no tiene en sus manos ninguna carpeta contra su antecesor en el cargo, Santiago Nieto, removido por la presunta violación al debido proceso en el caso Odebrecht, al revelar detalles de la investigación. —Me llama la atención que hasta la fecha ninguna instancia de procuración de justicia, incluida la Fepade, haya informado nada sobre la investigación de esa empresa sobornadora en distintos países. ¿Por qué han tardado tanto en lo que tiene que ver con la Fepade? —inquirió Marín. —Bueno, primero, lo que sí voy a decir es que nosotros no hemos recibido hasta la fecha ningún tipo de presión y lo que tiene la administración que inició a partir del 15 de diciembre es una investigación prácticamente en ciernes y desde que entramos estamos trabajando en ella —atajó el funcionario.
Remarcó que la ley es muy clara y la Fepade debe garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que implica que no se puede hablar de las investigaciones en curso hasta que se judicializan y, en consecuencia, se hacen públicos los hechos. “La Fepade tiene un nivel de subprocuraduría, parte de la PGR, pero tienen autonomía plena, lo que quiere decir que todo lo que indaga y la conclusión de la investigación es solo responsabilidad de nosotros y no se somete al visto bueno de otras instituciones”, dijo.