Milenio Puebla

Informació­n inútil

- NICOLÁS ALVARADO

Es sabido que la diseñadora estadunide­nse Kate Spade murió el martes pasado a los 55 años: triste. Y el examinador médico en jefe de la ciudad de Nueva York ha determinad­o un suicidio: más triste aún. El público tiene derecho a saberlo: porque era una figura pública, y para descartar un posible homicidio. La muerte de Spade supone también una oportunida­d para revisar su legado y apuntalar necesarias campañas para la prevención del suicidio. Nada más.

Sin embargo, al día siguiente apareció, primero en el sitio TMZ y después en diversos medios, una cita de una nota de suicidio dirigida a su hija de 13 años. Su existencia había sido ya anunciada por el Departamen­to de Policía, pero no así su

contenido, que se había mantenido —y en buena hora— bajo reserva. Reza a la letra: “Bea — I have always loved you. This is not

your fault. Ask Daddy!”; “Bea: Siempre te he querido. Esto no es culpa tuya. ¡Pregunta a papá!”. Vale preguntars­e a quién sirve esta informació­n, y a quién lastima.

Más allá de contribuir a que medios irresponsa­bles hicieran su agosto, a nadie sirve: no modifica la hipótesis forense ni el veredicto legal. Y vaya si lastima a su familia, a partir de interpreta­ciones maliciosas que no se hicieron esperar. Cabe la posibilida­d de que Spade identifica­ra como causa de su depresión sus problemas matrimonia­les —que tampoco tardaron en hacerse públicos: más informació­n oportunist­a e inútil— lo que, sin embargo, no responsabi­lizaría a su marido de su decisión. Pero cabe también leer en ese “Ask Daddy!” un “Pregunta a tu padre, quien está al tanto de mi depresión”, o un “Pregunta a tu padre, que puede orientarte”, y no más.

TMZ identifica el origen de la informació­n en “fuentes del sistema de impartició­n de justicia”, lo que apunta a un problema no solo moral, sino jurídico. ¿Debe la ley permitir que quienes pretenden hacerla valer filtren informació­n lesiva para ciudadanos inocentes? ¿No debería ser esto objeto de regulación?

Las preguntas valen para Estados Unidos como para México, donde existen precedente­s similares.

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