Investigan al PSI por registro de candidatos sin autorización
El PSI expuso que se mantiene sin recibir alguna notificación sobre la investigación por parte del ITAIPUE
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIPUE) inició una investigación contra el Partido Pacto Social de Integración (PSI) por uso indebido de información personal para el registro de candidatos.
La comisionada presidenta del ITAIPUE, Gabriela Sierra Palacios, detalló que el proceso inicia ante la visita que realizó personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte de un juicio para la protección de los derechos político- electorales de un ciudadano.
“Este asunto procede del presunto uso indebido de información personal contenida en documentos oficiales, como son actas de nacimiento y credenciales para votar de los demandantes, los cuales alegan nunca haber solicitado al Partido PSI su registro como candidatos”, comentó.
Sierra Palacios explicó que el proceso se encuentra en una fase previa de investigaciones a partir de las cuales se espera contar con más elementos para fundar y motivar una orden de verificación en términos de ley.
Ante la investigación que se realiza, el Partido Pacto Social de Integración (PSI) dio a conocer que desde su creación, cumple con sus obligaciones como partido político porque está comprometido con la ley, la democracia y los ciudadanos.
A través de un comunicado, el PSI expuso que se mantiene sin recibir alguna notificación sobre la investigación por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIPUE), por una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado. “Negamos rotundamente el presunto uso indebido de información personal contenida en documentos oficiales para registro de candidatos”, informó el partido político.
En su momento, Sierra Palacios explicó que la Ley Estatal de datos personales prevé un procedimiento de verificación ante presuntas violaciones o incumplimientos a los principios, deberes y obligaciones legales en la materia, por ello, puede iniciar de oficio un proceso cuando el organismo garante tenga conocimiento de las violaciones.