Impulsan los derechos de personas con discapacidad
Propone sanciones de hasta cuatro años de cárcel y 300 días de trabajo comunitario a quienes abandonen a niños y adultos
El presidente Enrique Peña Nieto mandó al Congreso un paquete de iniciativas para garantizar y reforzar los derechos de las personas con discapacidad, al proponer sanciones de hasta cuatro años de cárcel y 300 días de trabajo comunitario a quienes abandonen a un menor o un adulto con condiciones diferentes o incapaces de cuidarse a sí mismos.
Además se impondrán sanciones de 10 a 60 jornadas de trabajo a favor de la comunidad contra quien identifique en cualquier sitio a niños, personas heridas, con discapacidad, o amenazadas por cualquier peligro si no avisa de inmediato a la autoridad y omite prestarles el auxilio necesario.
También obliga a la administración pública federal y local a contratar al menos 3 por ciento de personal con alguna discapacidad, no solo con imposibilidad de trasladrse con las piernas o mover los brazos, sino que tengan dificultades auditivas o visuales de hasta 80 por ciento.
En ese sentido, proponen beneficios para los patrones que contraten a ese sector de la población. “Podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente a ciento por ciento del impuesto sobre la renta de esos trabajadores retenido y enterado”, conforme al Capítulo Primero del Título Cuarto de la Ley del ISR.
Ello, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud el certificado de discapacidad del trabajador.
En la iniciativa, remitida a la Comisión Permanente, el Ejecutivo dijo que la importancia de esta reforma se basa en la necesidad de ser un país incluyente, que esencialmente parta de un cambio de enfoque respecto de La burocracia deberá contar con por lo menos 3% de ese sector en la totalidad de su plantilla la atención de las personas con discapacidad para transitar de uno de atención médico-asistencial a uno de derechos humanos.
“En el que se destaque la valiosa contribución que este importante grupo de la población puede realizar para el desarrollo del país. Este nuevo enfoque parte de potencializar las capacidades de las personas con discapacidad, para su incorporación a un empleo digno”, resaltó.
Peña Nieto hizo notar que en el país, según datos del Inegi, hay alrededor de 7 millones de personas en esa condición.
Por ello, propone modificar ocho ordenamientos: la Ley General Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley General de Población, Ley General de Protección Civil, Ley de Asistencia Social, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal.