Maquinaria asegurada por la FGE aún no es reclamada
La Fiscalía General del Estado (FGE), mantiene líneas de investigación permanentes de las carpetas de investigación abiertas, resultado de ello son los aseguramientos que la semana pasada hicieron en casas de empeño y otros establecimientos donde tenían maquinaria e implementos de la industria del vestido que, hasta estos días, no han presentado documentos para acreditar su legal posesión, informó el fiscal Jaime Huerta Ramos.
En el caso de los robos a maquiladoras, declaró que continúan con la integración de las carpetas de investigación y están recabando la información que lleve a la captura de los responsables, sin embargo, destacó que no es posible adelantar datos al respecto.
Hay 30 denuncias de robos a maquiladoras, de los cuales hasta estas fechas se han hecho algunos aseguramientos como en algunos locales de compra-venta de artículos usados donde tenían maquinaria de la cual no pudieron corroborar su procedencia legal, en esos casos la empresa aportará la documentación para comprobar la propiedad legal de los bienes. a actitud conciliadora de López Obrador hecha pública desde la noche del primero de julio pareció terminar, o ponerse entre paréntesis, con su descalificación de la multa que el INE puso a Morena. Dejó su papel de jefe de Estado y volvió a la de jefe de partido. De representar al todo nacional, a representar a algunas de sus partes.
Las multas de la autoridad electoral a los partidos políticos son cosa de casi toda elección. No todas tienen la importancia de la que indignó al líder de Morena. Pero no es el primer caso de una multa significativa por su relevancia económica y, sobre todo política. El “Pemexgate” y la multa a Amigos de Fox, con todas sus diferencias, son sus antecedentes.
Y lo notable es que estos dos últimos casos los multados reaccionaron institucionalmente. Ni el PRI ni Fox desautorizaron a la autoridad electoral. No recuerdo si recurrieron al tribunal, pero lo más probable es que sí, como cualquiera lo hubiera hecho: para eso están los tribunales como el electoral, para revisar que las decisiones de otros órganos sean correctas. La diferencia con la multa actual está en la desautorización pública.
Ella se sale de los canales institucionales y entra en la confrontación. El candidato virtualmente electo desautorizó no sólo a la institución electoral, sino a su origen (tomaron esa decisión, dijo, porque fueron nombrados por el PRI, el PAN y el PRD), a algunos de sus integrantes, y a algunos medios de comunicación que hicieron eco de la multa.
Con ello magnificó el problema. Si lo hubiera dejado en manos de su partido, que razonable y justamente debe llevar el caso al tribunal, el asunto tendría una dimensión mucho menor. Con ello recordó su distanciamiento de las instituciones y su poco respeto a algunos medios de comunicación. Con ello elevó notablemente la temperatura y las agresiones en las redes sociales.
Insultos, descalificaciones, pensamiento débil, faltas de ortografía: inundan las redes sociales en estos asuntos. Afortunadamente no han pasado a la calle. Consejeros del INE y periodistas que con su nombre y apellido, con su rostro, han dado las razones (válidas o no) que a su juicio justifican esa multa, quizá ya no puedan caminar con calma por cualquier lado.
En el fondo, el encono se debe a que la sanción cuestiona o de plano invalida la principal propuesta de López Obrador: como él es no es corrupto, al llegar a la presidencia se acabará la corrupción. La multa no habla de corrupción. No insinúa siquiera que la acción multada incidió en el resultado electoral. Pero señala que hubo violaciones a la ley que merecen ser sancionadas. Pero su límite con prácticas corruptas, con el uso privado de recursos públicos, es muy delgado. El asunto tiene su complejidad, pero hay cosas sin duda irregulares. Claramente, el manejo al por mayor de dinero en efectivo. Si todas las donaciones fueron privadas, ¿por qué las mismas personas hicieron depósitos en varias ocasiones? ¿Por qué no cada donante hizo el depósito, o mejor, la transferencia bancaria? ¿Por qué manejar esas cantidades en efectivo, sabiendo que desde años eso está prohibido por la ley, como una medida para combatir los sistemas financieros del crimen organizado? ¿Por qué el reparto se hizo, presuntamente, también en efectivo, cuando hacerlo mediante documentos le hubiera dado transparencia? Hay propuestas para que todas las operaciones gubernamentales se hagan mediante documentos electrónicos, prohibiendo toda transacción en efectivo. Que en los países con menor corrupción así se funciona. ¿Por qué Morena, que puso en el centro de sus propuestas el combate a la corrupción no hizo algo así? Se dice que el fideicomiso cuestionado es privado. Ciertamente esto no lo coloca al margen de la ley, pues la prohibición de manejar grandes cantidades en efectivo está dirigida contra privados : el crimen organizado. Pero si fuera el caso, ¿por qué hay en él tantos nombres directamente vinculados a Morena? La pregunta obligada: ¿cuál sería la reacción si el PRI hubiera hecho lo que Morena hizo con el célebre fideicomiso que generó la multa? Antes de la multa, el priista Enrique Jackson planteó más o menos “habrá que analizar, habrá que estudiar muy seriamente, por qué los votantes nos rechazaron a nosotros con tanto encono, y aceptaron con tanto entusiasmo a quienes son básicamente iguales a nosotros”.