Mujeres propone plan que implique reinserción social y creación de empleos, pues “salen sin trabajo ni papeles y son presa del crimen”
Equis: Justicia para las
El encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud, que en el fuero común aumentó 103 por ciento en dos años, debe incorporar una perspectiva de género que implique el mejoramiento de las condiciones de reclusión, la emisión de sentencias que tomen en cuenta el contexto y la reinserción social, aseguró Ana Pecova, directora de Equis: Justicia para las Mujeres, pues la mayoría de ellas no participó en hechos violentos y debe beneficiarse de una amnistía.
Según el documento proteger a la pareja o al hijo que están en el narco, se echan la culpa y les dan 10 años”.
En otros casos, expresó, la decisión de transportar droga obedece a que el Estado no ha dado respuesta a la pobreza y a la falta de empleo y desarrollo, mientras que “el crimen les ofrecer una opción”.
Criticó que los jueces solo se enfoquen en el delito y la penalidad que conlleva, y no consideran el contexto: “Cómo se involucró y cuál fue su papel, porque las mulas son el eslabón delictivo más bajo, mano de obra fácilmente reemplazable que, a diferencia de los capos, no coordinan grandes redes, son nadie”.
Dijo que en paralelo con la ley de amnistía se debe elaborar un plan de desarrollo que implique reinserción social, atención psicológica y creación de empleos, porque las mujeres salen sin trabajo ni papeles y son presa fácil de los criminales.
Sostuvo que más de 90 por ciento de las mujeres en prisión son madres y, la mayoría, únicas responsables de sus hijos, primodelincuentes y no participaron en hechos violentos, por lo que “no vemos la razón para que la respuesta sea la cárcel”.
Expuso que hay un grupo reducido que “por poquito sobrepasan el límite (de droga) permitido; la pregunta es si estas personas deben estar recluidas, porque las adicciones son un problema de salud más que del sistema de justicia”.
La prisión, criticó, se usa para encerrar a consumidoras que, en otras latitudes, no están sujetas a un proceso penal, sino administrativo, o son consideradas como usurarios legales en un mercado regulado.
“A veces el costo de tenerlas allí es más alto por los roles de cuidado que cumplen; su encarcelamiento tiene un efecto fuerte en sus familias”.