Consignan a 21 policías “piratas” de Tehuacán
La Fiscalía General del estado los pone a disposición de un juez por usurpar funciones
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La Fiscalía General del Estado consignó ante un juez de control a 21 policías municipales de Tehuacán (8 que fungían como policías y 13 que fungían como agentes de tránsito), por el delito de usurpación de funciones, debido a que no contaban con la documentación necesaria para desempeñar sus funciones o bien no aprobaron las pruebas de control de confianza.
Respecto de la consignación de los agentes la Fiscalía informó ayer por la noche: “(la institución) desahoga actos y técnicas de investigación en torno a 21 personas que desempeñaban, de forma ilícita, actividades de seguridad pública en el municipio de Tehuacán. Se les imputa el delito de usurpación de fun- ciones públicas”. “Derivado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Federal y el Ejército Mexicano, se llevó a cabo el aseguramiento de:
Supuestos policías municipales: Ignacio N., Nancy N., Daniel N., Misael N., Christian N., Gilberto N., Víctor N. y Gustavo N. Supuestos policías de tránsito: Nadia N., Raymundo N., Jorge Gilberto N., Hermelindo N., Jesús N., Ana Karen N., Julio César N., Odon N., Francisco N., Miguel N., Flaviano N., Juan N., y Benjamín N”. “Cabe señalar que los hoy detenidos ejercían estas funciones sin contar con la autorización correspondiente, en algunos casos no contaban con número de CUIP, otros no tenían aprobado el examen de control de confianza o no estaban dados de alta”.
“A través de la Fiscalía de Investigación Regional se continúa con las investigaciones pertinentes”.
Por lo anterior en las próximas horas se podría tener la audiencia para calificar la detención de los policías por parte del juez de control al que se le asigne el caso.
Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Víctor León Castañeda, afi rmó que a algunos municipios “los superó la violencia” y por ello el gobierno del estado debió intervenir en una “acción solidaria” para intentar frenar los delitos que se presentan, aunque sostiene que no es una situación generalizada.