La justicia mancillada
E l mexicano trabajador y honesto parece estar habituándose a la violencia, abusos de cualquier naturaleza, impunidad delincuencial, desapariciones forzadas, corrupción y pobreza. Acostumbrarse al horror es la cotidianidad. El enemigo es el otro, el problema es el otro. Vivimos un país repleto de otros que nada tienen que ver con uno. Se supone que las leyes se diseñaron para regular el comportamiento, combatir la anomia e incentivar un carácter altruista relacionado con la justicia, equidad e igualdad. Algunos obedecen las leyes simplemente para evitar el castigo; otros para que los demás los aprueben, eviten la censura y el aislamiento. Unos más, asumen este apego normativo como la vía para una convivencia sana y practicar por convicción, principios éticos universales.
El sistema de justicia penal no está en crisis, está muerto. Bajo la justificación de representar un sistema rígido y sometido a la discrecionalidad del Ministerio Público, el “nuevo” sistema de justicia penal acusatorio se presentó como una propuesta transparente y abierta, comprometido con el debido proceso, con más derechos para los imputados y las víctimas y que ofrecía salidas “alternas” a los conflictos. La realidad es que dicho sistema se convirtió a la postre, en la legitimación de la barbaridad y el escenario perfecto para que delincuentes, sociópatas, abusadores y demás fauna nociva, asumieran sus ventajas y se constituyeran como unos reverendos y consumados hijos de puta, para quienes, la justicia no representa temor, ni amenaza alguna, dada su laxitud, ambigüedad o ineficacia. Dos viñetas de ejemplo. Del total de delitos consumados, sólo existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento (Índice Global de Impunidad México, Udlap, 2016). Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2018), reportó que en más del 95 por ciento de casos analizados por delitos de robo y homicidios, el Ministerio Público fue incapaz de identificar al responsable del delito y llevarlo a juicio, los derechos de las víctimas son ignorados y los expedientes terminan en archivo y quedan en la impunidad. Por si no resultara suficiente, Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción (2016) demostró que México es el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ocupamos deshonrosamente el sitio 123 de 176.
Han transcurrido diez años de la implementación del sistema de justicia y siguen sin considerarse aspectos sociológicos, antropológicos y, sobre todo; psicológicos. Dicha omisión, no nos permite comprender que una sociedad con bajos niveles de confianza social es más propensa a la corrupción. Asimismo, una sociedad en donde se instaura la confianza mutua “o donde al menos existe el beneficio de la duda sobre la ética ajena” resulta más productiva, cooperativa y reticente a caer en conflicto. Así pues, cuando se percibe una corrupción y delincuencia generalizadas, las personas tiendes a replantearse el ser honestos por miedo a sufrir los efectos de la corrupción causada por los demás.