Van 70 denuncias ante PGR por desvíos: Narro
El funcionario afirma que ahora hay más control; la Auditoría Superior expuso en 2017 un quebranto de 6 mil mdp solo en el Seguro Popular
El titular de la Secretaría de Salud, José Narro, señaló que se han interpuesto ante la Procuraduría General de la República 70 denuncias penales contra funcionarios de 15 entidades por el presunto desvío de recursos públicos de diversos programas que superan los mil 150 millones de pesos, aunque no quiso mencionar nombres.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa por el sexto y último Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el funcionario fue cuestionado por el legislador del PRD Emmanuel Reyes sobre los desvíos de recursos y las denuncias que se han presentado contra servidores públicos.
Toda vez que por el año pasado se expuso un desvío de 6 mil millones de pesos del Seguro Popular que consta en la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación, y la presentación de 52 acusaciones. El funcionario detalló que se les da seguimiento con las autoridades correspondientes y reconoció que han aumentado las denuncias. “Se incrementó el número de denuncias, tenemos presentadas 70 denuncias frente a la Procuraduría General de la República y el monto de lo denunciado supera los mil 150 millones de pesos, hemos estado, a veces verbalmente, con frecuencia por escrito, insistiendo frente a la Procuraduría General de la República para que nos puedan informar del avance de estas situaciones y lo que se nos dice es que siguen en curso”, detalló Narro durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión de Salud.
En este contexto, señaló que en materia de corrupción del Seguro Popular, las reformas que se procesaron en 2014 y fueron aplicadas en 2015 permitieron tener un mejor control de los recursos y asegurar “en un alto porcentaje” que ya no se produzcan irregularidades, en este sentido recordó que hay gobernadores señalados por presuntos desvíos de recursos al sector. “Quiero recordarles que por lo menos dos gobernadores están procesados por haber usado recursos del Seguro Popular y seguiremos hasta el último día haciendo las denuncias correspondientes”, señaló.
Al término de su comparecencia, Narro fue cuestionado sobre quiénes son los funcionarios en los que recaen las 70 denuncias y también el nombre de los gobernadores que mencionó, pero evadió la pregunta. Cabe recordar que el ex mandatario de Veracruz Javier Duarte fue señalado por malversación de recursos del sector salud. “Faltaría a la verdad si les menciono a unos y dejo fuera a otros, puedo decir lo que mencioné hace algún tiempo, son 15 entidades federativas, la PGR tendrá que hacer las valoraciones, porque soy muy claro en esto, la normatividad se modificó para poder tener más control y yo les puedo asegurar que esos controles han estado funcionando, no había esos controles en la ley general ni en la normatividad.
Les puedo decir que son 70 (denuncias) y como lo dije aquí en el pleno, asciende a poco más de mil 150 millones de pesos lo que nosotros hemos señalado, recursos que fueron entregados por la Federación a distintos programas y cuya utilización no fue probada, documentada y en consecuencia hemos procedido”, señaló. El secretario de Salud negó que los casos de parontiditis (paperas) en escuelas de educación superior representen un peligro epidemiológico; aunque reconoció que no fue algo habitual, afirmó que no hay riesgo alguno. “Déjenme decirles, hace algunas semanas se presentó un número elevado de casos, principalmente en instituciones de educación superior en población joven, nada que preocupe, aunque sí fue más allá de lo normal, pero ninguna situación extraordinaria”, aseguró.
Lo anterior, luego de que hace un par de días la UNAM alertó de un brote en las facultades de Química y Ciencias y recomendó a sus comunidades mantenerse alerta después de que varios alumnos presentaron síntomas de paperas y pidieron reforzar la vacunación.
A través de un boletín informativo, pidieron a los estudiantes presentarse ante la Secretaría General de la facultad y acudir al Centro Médico Universitario para determinar si el alumno tiene la enfermedad y evitar que contagie a más personas.
Morena presentó ayer iniciativa para castigar a los cómplices de un delito de corrupción, al plantear cárcel de 3 a 8 años para quienes sabiendo de la procedencia ilícita de un bien lo reciban o guarden silencio.
Al presentarla, el senador Eduardo Ramírez hizo notar que se exceptúa de la sanción a los sacerdotes o a quienes por su actividad profesional deban guardar silencio, sin embargo la iniciativa de reformas al artículo 400 del Código Penal en materia de Delito de Encubrimiento plantea subir de 3 meses y 3 años la sanción a 3 y 8 años y de 100 a 500 días de multa.
Mientras tanto, en San Lázaro, el también morenista César Agustín Hernández Pérez presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de inhabilitar de forma permanente a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.
De igual manera plantea incluir la figura de prevaricación judicial, en la que incurrirá el servidor público con competencia jurisdiccional reconocida que a través de una resolución injusta atente contra determinadas garantías procesales específicamente tipificadas.
Además, que dicte una resolución de fondo o sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, y omita dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita.
Hernández Pérez mencionó que la corrupción de jueces, magistrados o ministros debe considerarse la peor de las formas de corrupción y flagrante traición al derecho de la población a la justicia, la seguridad jurídica y un Estado de derecho sólido.
Advirtió que ello debe sancionarse con la inhabilitación, temporal o permanente, atendiendo la gravedad del acto o sus implicaciones.
La inhabilitación permanente se propone para aquellos casos tan graves que socialmente no pueden ser resarcidos con la inhabilitación temporal ni con el traslado del servidor público corrupto a otra dependencia o entidad de la Administración Pública, o bien, los que por cuantía supera toda posibilidad de considerar la reintegración de ese funcionario al trabajo público.