Liébano Sáenz
La consulta ofendió a un gran sector
Nohay un solo motivo para sorprenderse por la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco. Quien resultó ganador con amplia mayoría, hizo campaña contra el proyecto. Lo que ahora acontece es el cumplimiento de un compromiso. El desencanto de quienes asumieron que podría haber una postura diferente a pesar de todas las señales en contra.
Quienes creyeron que iba a haber matices entre el candidato y el presidente confundieron la cortesía electoral y postelectoral con algo que ya vimos que no está a negociación: la palabra de Andrés Manuel López Obrador.
La suspensión de la obra de Texcoco es una lección para todos. El sector empresarial tenía la expectativa de que habría continuidad del proyecto; por lo mismo es explicable que la frustración en ellos sea mayor. Lo importante es que las razones y las explicaciones para tomar la decisión no se necesitaban; lejos de apaciguar la incertidumbre, intranquilizan.
La consulta fue contraproducente para tratar de darle fuerza y legitimidad a una decisión; un amplio sector de opinión se sintió burlado y los mercados también lo tomaron mal.
El mandato de la elección le alcanza a López Obrador para tomar una medida como suspender la obra de Texcoco, pero no para desentenderse de la opinión pública, y tampoco para actuar con ánimo de confrontación. La respuesta de quienes disienten no debe llevar a la ruptura. Es difícil pedir moderación a quienes ven el asunto como una victoria y así lo festejan, o a los que, en la otra acera, lo ven como derrota. Para el bien del país son horas de sensatez y templanza.
En el nuevo gobierno deben entenderse las consecuencias de las decisiones que se tomen. En el tema del aeropuerto, el país no está para tirar lo ya invertido, tampoco quedan claros los costos, la viabilidad de la alternativa y los efectos de un gran concentrador del tráfico aéreo.
Pero más allá de que el tema seguirá dando de qué hablar y sus consecuencias se conocerán en los próximos meses, hay que saber dar la vuelta y aprender de las lecciones que dejan las experiencias difíciles.
Cuando menos son tres las lecciones. Primero, se debe cuidar la economía, no subestimar los efectos colaterales de decisiones críticas que afectan la confianza en las autoridades y la certeza de derechos. Segundo, se tiene que adecuar la Ley de Participación Ciudadana si es decisión del gobierno recurrir con regularidad a la consulta.
Finalmente, para unos y otros, hay que hacer un mayor esfuerzo para encontrar en la diversidad, las coincidencias que sean en beneficio de México.
La polarización puede ser un recurso útil para ganar elecciones, pero
La consulta fue contraproducente para tratar de darle fuerza y legitimidad a una decisión
no para gobernar. La prensa y las redes sociales inevitablemente serán un espacio de crítica, a veces injusta y desproporcionada, pero no es correcto que desde el poder se le denueste o se le descalifique como si cualquier señalamiento tuviera un ánimo conspiratorio. La crítica, incluso aquella de mala fe o interesada, tiene más virtudes que defectos. Persistir en la hipótesis del complot no resuelve y sí complica la relación del gobierno con la opinión pública.
No ayuda al país el deterioro de la economía. Esto no sucede por la sola intención de empresarios mexicanos o por intereses que desde la penumbra conspiran contra el gobierno para provocar la desconfianza e inestabilidad. En ese sentido, la desacreditación de las calificadoras internacionales ha sido un muy preocupante mensaje a los inversionistas. El principal factor para generar confianza son las acciones y el nivel de responsabilidad de las autoridades.
Acertadamente, el Presidente electo ha definido un grupo de colaboradores para calmar los ánimos y la incertidumbre de los empresarios por la suspensión de la obra. Sería bueno que el sector empresarial correspondiera con un grupo de trabajo para atender las preocupaciones del sector, independientemente de la de los contratistas, quienes, por su cuenta, seguramente verán los términos de su relación contractual. Deben separarse los dos temas; a los representantes de los empresarios no les corresponde abogar por los temas específicos de sus miembros, sino por los que afectan al conjunto del sector.
El presidente López Obrador plantea un cambio radical en la forma de gobernar, de cara a la sociedad, y en la relación con las élites mexicanas. La cancelación del aeropuerto, como primera medida del nuevo régimen, significa que el arreglo político que garantizaba poder compartido ha llegado a su fin.
Frente al cambio se debe actuar con visión, madurez y perspectiva. Se requiere que desde el poder se impulsen políticas que acorten brechas a la desigualdad y la falta de oportunidades, pero se necesita que esto ocurra en el marco de la inclusión y de la participación plural y del respeto a las instituciones.
Para no perder ganando el encuentro del futuro gobierno con la responsabilidad económica es el obligado sendero para conducir la transformación a la que se convoca.
No es un tema de ideología, sino de sentido común.