Maruan Soto
Sobre las Universidades del Bienestar
Lo peor del magisterio busca hacer valer su agenda. Su intransigencia se ha visto alentada por la debilidad del gobierno, el que no está dispuesto a cumplir su obligación de hacer valer la ley cuando incurre en acciones ilegales, incluso cuando hay un gran daño a particulares, como ocurrió en Michoacán al bloquear las vías de ferrocarril. El diálogo y la solución política siempre serán deseables, pero no siempre son funcionales o eficaces, más cuando los medios ilegales de presión se vuelven recurso para imponerse. El diálogo nunca debe transitar a costa de la ley.
Se les ha cumplido su exigencia fundamental: derogar la reforma educativa. Ahora el gobierno somete a consideración del Congreso su propuesta, que incluye muchos aspectos positivos y enriquece la anterior; sin embargo, diluye algunos de los elementos cruciales, particularmente la evaluación educativa y la autonomía del órgano responsable de tal función.
Es difícil que los líderes de la CNTE desconozcan la propuesta del gobierno al Congreso. Su lucha no es contra el proyecto gubernamental, ni siquiera contra la disminuida evaluación que dejaría de ser obligatoria. Lo que intenta ese grupo es ganar terreno en la disputa por el poder y el dinero. Suponen que presionar habrá de concederles ventaja para lograr lo que verdaderamente les interesa. Suspender el trabajo de la Cámara es un logro en su propósito, pero esto debiera reafirmar la determinación del gobierno para no ceder.
Sería impensable que se impusieran por la sencilla razón que la calidad de la educación está por los suelos donde ellos mandan. Lo que pretenden es hacer de esta coyuntura una oportunidad más para ganarle terreno a las autoridades educativas e imponer su agenda esencialmente política y económica en el peor de los sentidos.
El Presidente es rehén de sí mismo. El invocar el diálogo y anteponer que no usará la fuerza pública en ninguna circunstancia, incluso cuando se vean afectados los derechos de particulares, no ayuda a la solución. Las autoridades educativas deben contar con todo el respaldo del primer mandatario y la negociación o diálogo no deben servir para someter al gobierno o desviar la política educativa de la República hacia los intereses de quienes son, por mucho, más problema que solución.
No es poco lo que el país invierte en el sistema de educación pública. De siempre ha sido una de las prioridades nacionales y no es poco lo que se ha alcanzado en términos cuantitativos. Sin embargo, el reto está en la calidad. Un mejor país pasa por una mejor educación. Los maestros son actores centrales en la mejora de la educación. Si bien es cierto que hay sensibilidad, la evaluación es indispensable para mejorar la calidad. Más vale que el sistema, las escuelas y los mentores sean evaluados a que los futuros mexicanos sean reprobados por la vida.
No se debe privilegiar cantidad sobre calidad. La educación pública en México deja mucho que desear como muestran las evaluaciones internacionales. El gobierno se ha propuesto escalar en los indicadores sobre la probidad del gobierno, lo mismo debiera hacerse respecto a la educación, particularmente la básica, ya que es el fundamento para mejorar los niveles medio y superior.
La CNTE no está comprometida con mejorar la educación, sino avanzar en los privilegios y el proyecto político que suscribe. Su desdén a lo que importa queda en evidencia con el ausentismo, la pésima calidad y los penosos resultados. Lo peor es que esto ocurre en las zonas más pobres y atrasadas del país, donde urge educación de calidad.
La CNTE llegará tan lejos como las autoridades permitan. Pudieron suspender las sesiones de la Cámara de Diputados, lo que corresponde ahora es legislar para el país, no para un grupúsculo que mucho daño ha hecho a la educación pública nacional.
El diálogo y la solución política no siempre son eficaces, más con medios ilegales de presión como recurso para imponerse