Los daños del ácido sulfúrico
El 21 de julio de 1993, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión discutió el tema del hundimiento del barco noruego Betula que tenía como destino el puerto de Lázaro Cárdenas, y sus consecuencias ecológicas y sociales. Allí se le calificó como el “buga
más de 7 mil toneladas de ácido sulfúrico y más de 3 mil toneladas de combustible”. Claro, también se dijo que faltó prevención y una legislación integral sobre el uso de sustancias tóxicas.
Hoy existen medidas de protección marítima y portuaria, y diferentes protocolos nacionales e internacionales que son de tipo ambiental, industrial, de seguridad operacional y seguridad física sobre el tema. En el caso de las instalaciones de Grupo México en el Puerto de Guaymas, habrá que investigar si se siguieron los protocolos ambientales, de seguridad industrial e incluso de manejo profesional por parte de los propios empleados, donde no deberá descartarse el “sabotaje”, dadas las actividades radicales de uno de los sindicatos que operan con la empresa.
México está adherido al convenio Marpol de la Organización Marítima Internacional (OMI) de Naciones Unidas para prevenir la contaminación causada por los buques. Es el principal convenio internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales.
Por eso las autoridades deberán determinar si la descarga en el mar de los tres mil litros de ácido sulfúrico fue por causa de la avería de los ductos del buque a las instalaciones de la terminal portuaria o fue a causa de las instalaciones o del manejo de los “fluidos” (como se determina técnicamente). Se requerirán los dictámenes de protocolo ambiental de Profepa y de la Semarnat sobre manejo de fluidos en terminales portuarias con el fin de determinar si se cumplieron las reglas establecidas.
En cualquier caso se requiere la intervención, como cabeza de la investigación, de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (Unicapam) a cargo de la Autoridad Marítima Nacional, dependiente de la Secretaría de Marina, para determinar si existieron las medidas adecuadas para la trasferencia de los fluidos del barco a la terminal o bien si se trató de un derrame desde las instalaciones.
En busca de imparcialidad, los biólogos y bioquímicos de una universidad nacional deberían realizar una investigación para despolitizar este derrame, porque capitanes de la Marina Mercante especializados en protección y seguridad que participaron en 1993 en el caso Betula, afirman que el ácido sulfúrico se diluye al contacto del agua y que las especies no corren peligro si están más allá de 100 metros del derrame. El barco se hundió junto con su producto y se convirtió en arrecife natural.