La destitución de El Bronco

Las elecciones de 2018 no se han acabado para Nuevo León. Y no hablo de los larguísimos procesos electorales en los municipios metropolitanos de Monterrey y Guadalupe, decididos por fin en tribunales. Me refiero a la probable destitución de El Bronco por el desvío de recursos públicos para su campaña presidencial, un fantasma que ronda por el estado y se ha convertido ahí en el tema principal de las conversaciones.

Esta historia se puede resumir así: el 21 de junio de 2018, una Sala Especializada del TEPJF dictó sentencia y estableció responsabilidad al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario general de Gobierno,

Manuel González Flores, porque 572 empleados de la burocracia estatal utilizaron su tiempo de trabajo para conseguir firmas de apoyo a aquél, como aspirante independiente a la Presidencia de la República.

El tribunal determinó también que el Congreso de Nuevo León impusiera “la o las sanciones que correspondan respecto a la responsabilidad establecida”, pues es éste quien tiene que castigar a las entidades estatales que no tienen un superior jerárquico. Pero el Congreso veía las cosas demasiado complicadas. Y se hizo pato.

Un año después, el Tribunal determinó que se “incumplió la sentencia” y consideró necesario “fijar obligaciones y plazos al Congreso de Nuevo León para que complemente la sentencia... a efecto de que recaiga una sanción a la responsabilidad que se determinó a los servidores públicos y se comunicó a esa autoridad”.

Por unanimidad resolvió: “Se vincula a la Comisión Anticorrupción y a quien la presida, al Pleno, así como a la o el Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, para que cumplan con la sentencia del 21 de junio de 2018 en los términos que se precisa en esta resolución incidental”. El plazo es diciembre próximo.

Esta vez, el reclamo del tribunal sí hizo ruido, pues el Congreso quedó como sospechoso. Ya sin muchas posibilidades de movimiento, las bancadas coincidieron en declaraciones duras contra El Bronco: “La destitución está sobre la mesa”, dijeron.

Pero los diputados dan palos de ciego en medio de todo esto. Una sanción leve al gobernador, como una amonestación o una multa, los pondría en una situación delicada: dejar pasar así un desvío de recursos desde el poder es oponerse ferozmente a un avance de la equidad electoral. Pero una sanción grave, destitución o inhabilitación, los encierra en un laberinto legal. Nadie sabe con certeza cómo sería una “sanción ejemplar”. ¿Tiene atribuciones el Congreso o las puede llegar a tener? ¿Tendría que pasar por un cambio en las leyes? ¿Serían estas aplicables al caso presente? Aquí cada jurista es un mundo.

Y políticamente es otro asunto. Todo se adelanta. ¿A quién puede nombrar el Congreso como gobernador sustituto? ¿Existe un perfil no partidista capaz de sacar adelante este abollado sexenio? Si existe, ¿de dónde va a salir, de alguna universidad pública o privada, o del empresariado regiomontano que fue el impulsor de El Bronco? Esto se complica...

Por lo pronto el gobernador y su gente alistan la defensa y el Congreso, la sanción. Un sexenio irremediablemente perdido para un estado que, más que nunca, necesita retomar sus pendientes y trabajar su futuro.

El desvío de recursos para la campaña de 2018, un fantasma que ronda por el estado